El Tribunal de alzada consideró que no se encuentra justificada la multa, ya que el sancionado permaneció en la isla a raíz de la pandemia de Covid 19.
El actor señaló que la omisión de visitas se debió a ser contacto estrecho por COVID y a que se tomó vacaciones; razones que fueron calificadas, tanto por la Defensoría Penal Pública como por la Corte como insuficientes para exonerarlo de responsabilidad.
El actor alegó que la revocación de la adjudicación carecía de validez, toda vez que el artículo 61, letra a), de la Ley N° 19.880 impedía dejar sin efecto aquellos actos creadores de derechos.
La actora quedó tercera en el proceso licitatorio, de manera que, declarando inadmisibles las dos ofertas aludidas, quedaría en posición de adjudicarse la concesión del servicio de mantención de áreas verdes en la comuna de San Bernardo.
La actora alegó que no era necesario contar con la recepción de las obras, sino que bastaba con la finalización de las obras de captación y uso de las aguas para eximirse del pago de patentes por no uso, argumento que fue desechado por la Corte.
El establecimiento de educación alegó que, en la especie, era aplicable la atenuante de no haber sido previamente sancionada por infracciones gravísimas y que, de haberse aplicado esa minorante, la sanción sería la de amonestación por escrito.
El Tribunal de alzada descartó actuar arbitrario de la entidad fiscalizadora al sancionar a la recurrente.
El Tribunal de alzada descartó actuar ilegal de la autoridad al imponer las sanciones a la profesional.
El Tribunal de alzada descartó que la entrega de los datos afecte derechos de terceros.
En el procedimiento de oposición se consideró que los símbolos de ambos partidos en formación guardan grandes semejanzas las cuales impedirían a la ciudadanía diferenciar a dichas asociaciones políticas a futuro en actividades de adhesión y eventos electorales.
