El colegio no garantizó un justo proceso que regule las relaciones de los miembros de la comunidad escolar, pues si bien contaba con Reglamento Interno y protocolos, no pudo acreditar su aplicación.

El asunto controvertido fue resuelto en el proceso sancionatorio y no se constató que la Superintendencia de Educación haya infringido la normativa aplicable.

El máximo Tribunal consideró que las normas técnicas del sector eléctrico son susceptibles de consultas por libre competencia.

Al constatar la existencia del hecho denunciado, la Superintendencia se ajustó a derecho, por cuanto aplicó la sanción impugnada conforme a la conducta y gravedad constatada en la fiscalización.

La constitución de derechos de aprovechamiento de aguas no perjudican derechos de terceros, desde que la Dirección General de Aguas dio cumplimiento a los requisitos de los artículos 22 y 141 del Código de Aguas.

El Instituto de Salud Pública ha actuado dentro del marco legal, sancionando las infracciones encontradas en los días de inspección, por lo que no procede dejar sin efecto o rebajar las multas aplicadas.

Los cargos fueron analizados y debidamente fundamentados por la Superintendencia de Educación, por cuanto se comprobó y ratificó que el reclamante no cumplió a cabalidad con la normativa educacional.

El requerimiento de evaluaciones diferenciadas debe realizarse dentro de un plazo que permita al centro educacional ajustarse aquellas labores, y no al final del año académico, como sucedió con la estudiante.

La reclamante no solo está obligada a contar con un reglamento para estos fines, sino también a garantizar su aplicación por lo que la sanción es procedente.

La resolución no pone término al procedimiento ni hace imposible su continuación, toda vez que éste prosigue respecto de uno de los tres demandados.