Si bien la SEREMI de Salud carece de personalidad jurídica propia, fue ella la que dictó el acto impugnado, por lo que corresponde que se dirija el reclamo de multa en su contra.
En este caso, afirma el fallo, los convenios fueron enviados a la Superintendencia de Salud, en virtud de fiscalizaciones extraordinarias, vinculadas al uso de excedentes, como ocurrió precisamente en este caso, debido a una denuncia recibida por la Fiscalía Nacional Económica sobre los medios de uso de los mismos por las ISAPRES a sus afiliados.
El artículo 54 de la Ley 19.880, sobre interrupción del plazo para ejercer la acción jurisdiccional, es supletoria al D.F.L. Nº1 del año 2005, del Ministerio de Salud.
No se advierte un perjuicio de las reclamantes con la aprobación del programa, toda vez que éstas podrán instar por la imposición de la sanción respectiva, y eventualmente podrá concurrir la acción de daño ambiental.
El acto reclamado fue dictado con apego a la normativa del ramo, por la autoridad competente y en uso de las atribuciones que la misma le otorgan, por lo que se descarta la ilegalidad esgrimida.
Se acreditó que Gabriel Urenda estaba o debía estar -en conocimiento- de las irregularidades financieras, y que éste se encontraba en una posición organizacional que lo obligaba a impedir su materialización.
El acto impugnado solo enumera los antecedentes que se tuvieron en cuenta para resolver, sin explicitar sus razonamientos, por lo que deviene en ilegal al carecer de la debida fundamentación.
La multa para las infracciones menos graves, como la reclamada, va de 51 a 500 UTM según la Ley 20.529, y el Superintendente aplicó el mínimo legal, lo que se encuentra ajustado a Derecho.
No existe norma que faculte al Superintendente modificar la sanción decidida por la Dirección Regional de Educación, lo que hace más gravosa la situación jurídica del actor.
No se acredita que la actora probó al fiscalizador la subsanación de las observaciones, ni el haberlo efectuado oportunamente.
