Sentenciadores del grado se limitaron a la estricta resolución de los argumentos vertidos en la reclamación, y a la aplicación del fallo de inaplicabilidad, lo que llevó a fijar la sanción impugnada.
Aun cuando se haya notificado la resolución que formula cargos a través de un correo electrónico, se genera en tal escenario una confusión, al notificarse las resoluciones previas mediante carta certificada.
El Tribunal de alzada acogió el reclamo, tras establecer que en la especie la autoridad recurrida infringió el principio de imparcialidad.
El Tribunal de alzada descartó actuar ilegal de la Superintendente de Salud, al dictar la resolución exenta que confirmó la multa impugnada por el centro de salud.
El Tribunal de alzada desestimó el reclamó, tras establecer el carácter público de la información solicitada.
El Tribunal de alzada redujo a la mitad la multa por 500 UF, aplicada a la profesional, manteniendo las demás sanciones, como la cancelación de inscripción que le permitía la atención de pacientes del Fonasa.
El Tribunal de alzada descartó infracción en la decisión sancionatoria adoptada por la autoridad fiscalizadora, en mayo de 2019, con costas.
La recurrente habría incumplido con su obligación de rendir, anualmente, cuenta pública del uso de todos sus recursos, incluyendo la acreditación de disponibilidad de saldos.
El Tribunal de alzada no hizo lugar al reclamo, tras establecer que la recurrida Superintendencia de Salud actuó ajustada a derecho al sancionar a la clínica privada.
El Tribunal de alzada confirmó la resolución atacada, tras establecer que la información solicitada por ley de transparencia tiene el carácter de reservada por corresponder a comunicaciones privadas.
