El plazo de agendamiento de la audiencia de revisión de cautelares no es razonable ni prudente, atendida la naturaleza del bien jurídico reclamado por el imputado, afectándose incluso el derecho a la celeridad de un procedimiento justo y racional, por lo que en su parecer la audiencia para debatir sobre la materia debió fijarse en un plazo que no exceda las 48 horas, refiriere el voto en contra.
Lo anterior tiene respaldo jurídico en su Dictamen N°110/11 del 2004 y Ordinario N°0926/2014, como en el Dictamen N° 39.353/2004 de la Contraloría. Sin perjuicio de ello, aclaró nuevamente aspectos de la Ley 21.436 (que promueve la igualdad en la conformación de los planteles femeninos y masculinos).
El derecho administrativo concede una serie de recursos para la impugnación de dichas decisiones, por lo que la vía cautelar/urgencia resulta inidónea. Ello, sin perjuicio, de que puedan impugnarse en un juicio de lato conocimiento, ante la ausencia de procedimiento contencioso.
La clínica recurrente alegó que la rebaja de multa a la que accedió el Tribunal resolviendo la reposición no fue sustancial, por lo que, viéndose agraviado con dicha resolución, lo que correspondía era su enmienda vía apelación.
Según los artículos 231 y 238 del Código de Procedimiento Civil, en relación al numeral 15 del Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, las Cortes de Apelaciones tienen las mismas atribuciones que los tribunales ordinarios para conocer la solicitud de cumplimiento incidental respecto de alguna de sus sentencias.
A pesar de no resolver el recurso impetrado la Dirección precisa que carece de facultades para extender la aplicación de los procedimientos de negociación colectiva a los grupos negociadores, por lo que el dictamen 810/15 del 2022 tiene plena vigencia respecto de lo consultado.
El recurrente dedujo el recurso de nulidad sustancial en contra de la resolución que tuvo por desistido un recurso de casación en el fondo que previamente había interpuesto por no consignar el monto de las compulsas.
El Congreso Nacional detenta la autonomía y facultad privativa para dictar sus propias normas reglamentarias que regulen su organización y funcionamiento interno.
Se trata de una sentencia interlocutoria que pone término al juicio por lo que procede el recurso de apelación de manera directa.
El artículo 46 de la Ley N°19.880 establece una presunción simplemente legal, por lo que el interesado puede desvirtuarla con prueba en contrario.
Al instar por la modificación de la interlocutoria de prueba, se verificó la notificación tácita de esa resolución, poniendo fin al periodo de inactividad en que se encontraba la actora.
