Por aplicación del principio de especialidad, dichos profesionales se encuentran reglados por el Estatuto Docente, por tanto, su contratación no posee el carácter de laboral, y rigen a su respecto las normas del Estatuto especial al momento de finalizar su prestación de servicios.

En marzo de 2022 el municipio no renovó el contrato por obra y faena de una trabajadora embarazada y solicitó al tribunal el desafuero maternal, el que fue otorgado por la magistratura al verificar el cumplimiento de los requisitos del artículo 174 del Código del Trabajo.

La finalidad de la nulidad del despido es precisamente proteger los derechos de los trabajadores afectados por el incumplimiento del empleador en el pago de sus cotizaciones de seguridad social, la que no se cumpliría si sólo se considera aplicable al caso del dependiente que es despedido por decisión unilateral del empleador

La AFP intentó el cobro de montos previsionales impagos respecto de una trabajadora por el período 2006 a 2008, en circunstancias que la afectada dejó de prestar servicios para la demandada en 2012, siete años antes de deducir la demanda, plazo que excede con creces el término de cinco años establecido en el artículo 31 bis de la Ley Nº17.322.

El máximo Tribunal desestimó la procedencia del recurso deducido en contra de la sentencia, dictada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que confirmó la de primer grado que condenó a la recurrente.

La facultad otorgada al juez por el artículo 174 del Código del Trabajo, no debe entenderse como la mera revisión de un requisito objetivo para conceder el desafuero de la trabajadora embrazada, pues aquello priva de su espíritu protector al fuero maternal.

El máximo Tribunal desestimó el arbitrio de unificación, al observar que, en el juicio, el recurrente sólo exigió responsabilidad solidaria a las dos empresas demandadas, excluyendo de su hipótesis de subcontratación al ente público que no fue demandado.

Si bien las Municipalidades tienen la posibilidad de contratar a honorarios, las labores a ejecutar deben ser específicas, puntuales y no habituales, con el objetivo de asesorar en determinadas materias.

El máximo Tribunal confirmó el rechazo de la excepción de finiquito y el pago de los emolumentos pendientes solicitados por la trabajadora a título de lucro cesante, al estimar que el empleador no atacó el fondo de la acción en sede de nulidad, por lo tanto, las sentencias acompañadas para el cotejo no resultaron homologables.

La requirente estima que las sanciones aplicadas por la Corte de Apelaciones son desproporcionadas.