La expropiada buscó incrementar el monto de la indemnización provisoria, argumentando que la prueba acompañada en juicio no fue debidamente ponderada por la judicatura de fondo, lo que fue considerado por el máximo Tribunal como un intento de modificar los hechos asentados en la causa.

El máximo Tribunal descartó falta de fundamentación en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Concepción, que confirmó la de primer grado que hizo lugar a la demanda subsidiaria y le ordenó al demandado restituir a su legítimo dueño el retazo reclamado.

En la especie, el ejecutado invocó como título una sentencia interlocutoria que reconocía un saldo a su favor, luego de practicar una liquidación de crédito en una causa civil previa.

Las diferencias de opinión con los sentenciadores de fondo no constituyen omisiones de requisitos de la sentencia, ni vicios respecto de las leyes reguladoras de la prueba.

El máximo Tribunal consideró que el recurso no puede prosperar al carecer de error de derecho en la sentencia del grado.

El máximo Tribunal consideró que, en el caso concreto, la falta u omisión de publicidad del permiso de edificación, constituye un vicio que no afecta la legalidad del acto administrativo que otorgó la autorización.

El máximo Tribunal descartó error de derecho en la sentencia atacada, dictada por la Corte de Apelaciones de Iquique, que confirmó la de primer grado, con declaración que se aumenta el monto a pagar por concepto de daño moral.

El máximo Tribunal descartó error de derecho en la sentencia que acogió la demanda y rechazó la excepción de prescripción extintiva.

El máximo Tribunal descartó error de derecho en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que confirmó la de primer grado que ordenó a la clínica a pagar $50.000.000 como indemnización por el daño moral provocado a la paciente.

El máximo Tribunal descartó error del derecho en la sentencia recurrida, dictada por la Corte de Apelaciones de Iquique, que rechazó la acción por falta de legitimación activa de los demandantes.