El «catfishing» es una práctica que consiste en crear perfiles falsos en plataformas digitales con el propósito de engañar a otros. Popularizado en 2010 con el documental Catfish, este fenómeno ha escalado como un problema en el mundo online, causando graves daños emocionales y económicos a las víctimas. Expertos legales advierten sobre la importancia de estar alerta, tomar medidas preventivas y buscar ayuda ante cualquier sospecha de estafa.

Bloquear a un usuario del debate público que tiene lugar en la cuenta de la red social X de una entidad territorial, creada como una vía de interacción multilateral, constituye un acto de censura proscrito por el artículo 20 de la Constitución Política, siempre que el bloqueo no persiga una finalidad legítima, como proteger los derechos de las personas y defender el debate transparente.

Valeria Cárcamo Vidal, militante del Frente Amplio, cumplirá su pena en libertad, pues se determinó su sustitución por una pena de remisión condicional. Esto implica que deberá someterse a observación de la unidad de Gendarmería CRS más cercana a su domicilio durante un año.

La solicitud de TikTok sigue a un fallo reciente del Tribunal de Apelaciones del Circuito de DC, que dictaminó de manera unánime que la ley es constitucional. TikTok y ByteDance aducen que dicha legislación viola derechos protegidos por la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, afectando la libertad de expresión y causando graves perjuicios económicos.

Según la Comisión, la medida tiene como objetivo salvaguardar posibles elementos probatorios en caso de investigaciones adicionales relacionadas con la gestión de riesgos, la prevención de manipulaciones deliberadas y la “prohibición de prácticas de monetización en torno a la promoción de contenido político en la plataforma”.

La alegación de que las publicaciones ya no se encuentran disponibles, debe ser descartada, por cuanto es sabido que dichas publicaciones pueden ocultarse o limitar su exhibición de forma temporal por lo que no es óbice para que no se ordene su eliminación de forma definitiva.

Las plataformas sujetas a las restricciones que no implementen medidas razonables para impedir que menores de 16 años creen cuentas estarán sujetas a multas de hasta 50 millones de dólares australianos. Aunque la legislación no detalla explícitamente las plataformas afectadas, menciona que ciertos servicios, como YouTube, podrían estar exentos.

La iniciativa buscaba establecer nuevas obligaciones para las plataformas de redes sociales en la detección, eliminación y notificación de contenidos que se clasifican como desinformación (información falsa difundida intencionadamente) o información errónea (información falsa o engañosa compartida sin intención deliberada de causar daño).

Se resolvió que la libertad de expresión no tiene un carácter absoluto, y que esta queda limitada por el derecho al buen nombre que le asiste a los afectados por las expresiones que se han vertido en una red social pública.

Determinó que las prácticas de Meta vulneraron el artículo 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), que prohíbe el abuso de posición dominante en el mercado.