Las publicaciones fueron además emitidas por un medio de comunicación local, que no ha sido recurrido y respecto del cual esta Corte no podría adoptar medida alguna.

Las leyes sometidas a escrutinio prohíben a las empresas de redes sociales censurar a los usuarios que expresan sus opiniones políticas, incluso si los estos violan las políticas de la plataforma en el ejercicio de sus derechos, lo que esencialmente limita la capacidad de las compañías para filtrar publicaciones que puedan ser consideradas ofensivas.

Los magistrados han dado la razón a Adeslas al entender que era una actividad que realizaba todos los días de forma habitual y constante, de manera que su jornada era destinada a otros cometidos ajenos a sus responsabilidades laborales, los cuales eran abandonados cuando subía los vídeos a Instagram.

El recurrente acusó a su sobrina -una menor de 16 años- de vulnerar su derecho a la honra por medio de publicaciones en redes sociales, donde lo sindicaba como autor de presuntas violaciones y abusos sexuales, sin embargo, al momento de la presentación de la acción tutelar, la joven ya había eliminado todas las publicaciones difamatorias, por lo que el recurso perdió oportunidad.

La Tercera Sala del tribunal de alzada determinó que las referidas publicaciones son ilegales al infringir los derechos a defensa, a la honra y dignidad de las funcionarias aludidas.

La sanción que corresponde imponer es la multa administrativa, que debe ser en cada caso individual, efectiva, proporcionada y disuasoria. A fin de determinar la multa administrativa a imponer se han de observar las previsiones de la norma que indica que se impondrán, en función de las circunstancias de cada caso individual, a título adicional o sustitutivo.

La libertad de expresión cuenta con una protección constitucional reforzada; i) por ser mujer que afirma haber sido víctima de violencia sexual, física y psicológica ii) es una denuncia vía escrache, y por tanto se trata de un discurso constitucionalmente protegido iii) es una denuncia publicada de manera anónima y por tanto se deben adoptar todas las medidas para garantizar la reserva de la víctima iv) es un denuncia publicada directamente por la víctima lo que supone que no son exigibles los criterios de veracidad e imparcialidad.

Recurrentes denuncian que atenta contra la libertad de opinión e información de quienes operan en redes sociales, contraviene la igualdad ante la ley, puede transformarse en una comisión especial, imponer censura previa, entre otros cuestionamientos.

La Corte de Concepción señala que la conducta de la recurrida es censurable porque en su calidad de apoderada pudo acudir a los canales regulares para denunciar la conducta que reclama a la actora y no atacarla con insultos y amenazas a través de redes sociales.

Las publicaciones reprochadas no tienen una finalidad informativa, sino que propenden a generar una afectación en la honra de la recurrente, llamando a “funarla”.