El Tribunal de alzada acogió la acción constitucional y ordenó al recurrido abstenerse de hacer publicaciones agraviantes como las que motivaron el recurso.
Establece una serie de medidas que buscan regularizar la promoción de productos, tendencias y cirugías que puedan ser perjudiciales para los usuarios, así como las conductas fraudulentas que deriven de esta actividad. También regula a los agentes de los influencers, y les impone la obligación de suscribir un seguro de responsabilidad civil. Los infractores se arriesgan a una multa de $300.000 euros, o incluso a ser condenados a dos años de cárcel.
Según la abogada Ana I. Rodríguez, experta en Derecho de Familia, realizar este tipo de contenido supone un riesgo potencial para los menores porque las imágenes pueden ser guardadas, alteradas, manipuladas e incluso comercializadas en plataformas de contenido sexual. Y más ahora con la aparición de la Inteligencia Artificial (IA) que permite crear imágenes ‘fake’ como le ocurrió recientemente a la cantante Rosalía.
Si bien la Municipalidad eliminó las imágenes de la niña de sus redes sociales, perdiendo de esta forma oportunidad el recurso, la Corte explicita porqué debe solicitarse autorización para utilizar la imagen de niños y niñas.
La violencia contra la mujer es multidimensional y se manifiesta en daños psicológicos y sufrimiento emocional, afectaciones físicas, aislamiento social, perjuicios económicos, reducción de la movilidad tanto en línea como en los espacios no digitales y autocensura. Es obligación del Estado hacer pedagogía sobre la gravedad de esta forma de violencia y de implementar medidas para prevenirla, investigarla, sancionarla y repararla.
Tribunal otorgó la protección solicitada para garantizar los derechos de la actriz, los que razonablemente cobran mayor relevancia por atentar contra la dignidad, honor y seguridad de una mujer.
Si el recurrente estima que con las publicaciones realizadas se afectó su derecho a la honra, debe impetrar las acciones civiles o penales pertinentes.
No hay antecedentes que den cuenta que efectivamente haya sido la recurrida la que ha efectuado los hechos denunciados, como tampoco que Carabineros se haya negado cursar las denuncias.
Exigir que las plataformas revisen el contenido que los usuarios suben a las redes sociales, es inviable y en extremo dificultoso e importa una afectación a la libertad de expresión.
Recurrido deberá eliminar a la brevedad toda referencia a la recurrente y abstenerse en el futuro de incurrir en tales conductas.
