Las publicaciones en redes sociales que difamaron a los recurrentes deben ser eliminadas.
No se mencionaron hechos que puedan constituir vulneración actual de derechos protegidos por la Constitución, por lo que no pueden ser objeto de la esta acción, pues se desprende que no se han agotado las vías de reclamo ante el administrador del sitio web.
Los usuarios no fueron informados adecuadamente sobre posibles cobros adicionales y futuras modificaciones unilaterales de contratación.
Las “funas” en redes sociales vulneran la presunción de inocencia, así como la honra y vida privada de quienes resulten involucrados en ellas.
De acuerdo a estudios, un 55% de los niños en el país usan redes sociales. Un 44% de ellos crearon directamente sus cuentas y acceden a ellas sin la supervisión de sus progenitores.
Del mérito de los antecedentes aparece de manifiesto que en el libelo se han mencionado hechos que eventualmente pueden constituir una vulneración de las garantías fundamentales consagradas en la Constitución.
La información personal que se comparte por estos medios puede ser obtenida por delincuentes, lo que se torna aun más grave respecto a los menores de edad, quienes corren riesgo de caer en redes de delincuencia organizada, tráfico de personas, prostitución, pornografía infantil u otros delitos.
Más allá de la expresión utilizada por la trabajadora, su actuar no es suficientemente injurioso como para justificar su desvinculación.
Las mujeres, periodistas y usuarios de redes sociales no están obligados a esperar a que se produzca un fallo judicial para informar la ocurrencia de hechos delictivos.
El ejercicio de la libertad de expresión encuentra como límite a su extensión los derechos fundamentales de terceros, en especial, cuando aquellos dicen relación con la integridad psíquica de la persona o la protección de su vida privada.
