El ente contralor adujo que, tratándose de una cuenta de carácter privado de una persona en la citada red social, no corresponde que esta Contraloría General emita un pronunciamiento acerca de la posibilidad que aquella posee, como usuario, para bloqueos de otras cuentas o de su mantención.

El Tribunal de alzada acogió la acción judicial, tras establecer el actuar arbitrario e ilegal del recurrido al realizar imputaciones genéricas, sin existir una resolución judicial que confirme su veracidad.

El Tribunal de alzada acogió la acción de protección por considerar que el contenido de los comentarios efectuados por la recurrida en redes sociales el 21 de julio pasado, vulneran las garantías constitucionales del recurrente.

La app incumple casi el 50% de la normativa colombiana.

La Corte de Apelaciones de Santiago indicó en su sentencia que, según se advirtió del informe evacuado en estos autos, es el propio recurrido, quien reconoció que sus dichos no se ajustan a la legalidad.

Los recurrentes estimaron vulneradas sus garantías del artículo 19 numerales 1 y 4 de la Constitución Política de la República.