Habría diseñado funciones algorítmicas que permiten a los depredadores sexuales acceder a menores de edad. A su vez, se acusa a la empresa de haber engañado al público al sugerir que el contenido compartido a través de su plataforma desaparece de forma definitiva, cuando en realidad puede ser almacenado y distribuido de manera permanente.

Para la graduación de la sanción impuesta se ha tenido en cuenta que: se trata de la difusión de datos de la imagen de una mujer que está siendo golpeada y de su hijo menor que acude a ayudarla; que se trata de un particular cuya actividad principal no está vinculada con el tratamiento de datos personales.

La orden judicial se basa en el principio de que todas las empresas deben operar conforme a las leyes del país en el que ofrecen sus servicios. El juez de Moraes, al dictar la medida cautelar, enfatizó la importancia del cumplimiento normativo y la necesidad de que las empresas internacionales mantengan una conducta alineada con el estado de derecho en las jurisdicciones donde operan.

La “exaltación” y el “enaltecimiento” apuntan a la misma finalidad, esto es, elevar a alguien o algo a gran dignidad mediante un discurso dotado de admiración o aprecio, lo cual quedó plenamente acreditado con la prueba anotada, pues la sentenciada en su discurso utilizó términos que enaltecen y exaltan al sentenciado por terrorismo.

La libertad de expresión y de comunicación no son, como ningún otro derecho fundamental, absolutos y cuando entran en colisión con otros intereses que requieren mayor protección, pueden quedar limitados.

Pese a haber reiterado la quejosa, en múltiples oportunidades a lo largo de este pleito, su imposibilidad de cumplir con lo exigido cautelarmente, con su conducta posterior demostró que ello no era cierto, lo que linda con la aplicación al caso de la teoría de los propios actos. Sostener lo contrario significaría prohijar situaciones de abuso procesal, contrarias -por ende- al principio de buena fe.

No se desconoce que a través de las redes sociales sea posible incrementar las ventas y el número de clientes, por cuanto pueden ser más los usuarios que ven y se interesan por los productos, pero lo cierto es que la medida cautelar de embargo y secuestro no se puede decretar sobre una red social, por cuanto no es un bien de la ejecutada, sino como se indicó, un medio de comunicación.

Para muchos influencers, llamar la atención de sus seguidores, y los usuarios de las redes sociales, es primordial para hacerse un hueco en el mundo del famoseo de Internet. Y, con un poco de suerte, poder vivir de ello. Sin embargo, en ocasiones, estas prácticas pueden acabar llevándote ante los tribunales.

La entrada en vigor de la Ley General de la Comunicación Audiovisual durante el primer trimestre de 2024, marcará un hito significativo en la regulación de la actividad de los influencers, youtubers, streamers y creadores de contenido en redes sociales.

La plataforma de videos cortos de propiedad china cuenta con alrededor de 170 millones de usuarios estadounidenses y actualmente está luchando contra una nueva ley que obligaría a ByteDance a deshacerse de los activos estadounidenses.