Dar un “me gusta” es comunicarse directamente con ella porque la víctima no puede hacer nada para evitarlo al tratarse de un usuario que desconocía y que, por tanto, no tenía bloqueado. Y ello no es un acto involuntario del acusado porque, aunque la publicación era abierta, entró a su perfil y pinchó el icono correspondiente. 

Con el objetivo de proteger a los consumidores, comenzará a regir en España la «ley influencer», que regula la actividad de creadores de contenido de distintas plataformas. A quiénes se le aplicará la norma, qué prohibiciones y multas tendrán.

El recurrente acusó a dos recurridas de “funarlo” y acusarlo de violación en diversas redes sociales, puntualizando que la magistratura ya en 2020 resolvió a su favor y ordenó a las recurridas eliminar las publicaciones calumniosas, por ende, el actor no puede recurrir nuevamente por los mismos hechos, ya que la primera sentencia se encuentra en etapa de cumplimiento, debiendo el afectado solicitar que las acusadas respeten dicho fallo.

La violencia digital es aquella que se ejerce mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y que implique la obtención, reproducción y difusión por cualquier medio de datos personales, material digital real, simulado, íntimo o de desnudez de las mujeres sin su consentimiento, discursos de odio de género, patrones estereotipados sexistas o que impliquen situaciones de acoso, amenaza, extorsión o control virtual.

El consentimiento firmado antes de la operación solo autorizaba a la apelante a publicarlas en un ámbito docente médico o científico y por tanto especializado que no tiene su Instagram, al que puede acceder cualquier persona, pues es de acceso público. El empleo de la imagen no ilustra una noticia relacionada con la medicina, sino que más bien responde a una finalidad publicitaria y comercial de la doctora.

Los trastornos psiquiátricos graves que sufre el trabajador -trastorno de pánico con agorafobia, trastorno obsesivo severo y trastorno por estrés postraumático- cumplen ya carácter incapacitante por su cronicidad y severidad de los síntomas e incapacitan al trabajador para su trabajo de moderador de contenidos.

Vicente Magro, magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, pone las cosas claras sobre el inexistente derecho al insulto y lo que dice la última jurisprudencia del Alto Tribunal.

No es posible aceptar actos de autotutela puesto que el ordenamiento jurídico tiene herramientas para poner fin a eventuales conflictos penales o civiles, sin que resulte procedente someter a alguna de las partes de un juicio a vejámenes difamatorios para acceder a las pretensiones que se formulan.

La función de mensajes efímeros de Snapchat facilita la venta de sustancias ilegales a adolescentes. En una versión ampliada de la denuncia, se argumentó que la participación de Snapchat en la venta de drogas ilegales era una consecuencia previsible de sus diseños, estructuras y políticas destinadas a incrementar sus ingresos.

La plataforma habría hecho promesas verbales a los empleados, asegurando que recibirían el 50% de sus bonificaciones de 2022 si permanecían en la empresa durante el primer trimestre de dicho año, tras la adquisición por parte de Elon Musk por 44.000 millones de dólares. Sin embargo, los bonos nunca fueron pagados.