La aparente colisión entre la libertad de expresión y la honra no es tal, desde que la primera tiene su límite en la segunda, por cuanto toda persona es libre de expresar sus opiniones libremente sin censura previa, sin embargo, cuando con ellas afectan la honra de terceros, quien los hace, debe responsabilizarse.

Una resolución que aprobó la Cámara pide al Gobierno el envío de una iniciativa legal para prevenir, investigar, fiscalizar y perseguir el mal uso de redes sociales en fraudes, estafas y otras conductas similares.

No se encuentra acreditado que el actor haya participado en los hechos como para justificar su despido; máxime cuando la dilatada antigüedad que tenía aquel en la empresa ameritaba un examen exhaustivo de la cuestión, cosa que no se advierte. Desde esta perspectiva, no existen fundamentos válidos para apartarse de lo decidido en origen.

Acusan a la empresa de utilizar “algoritmos de recomendación que manipulan la dopamina” de los jóvenes, que producen diversos daños en su salud mental. Presentaron diversos estudios para fundar sus alegaciones.

Se acusó a la compañía de no responder las consultas realizadas por la Comisión, relacionadas con el material de abuso infantil existente en la plataforma. Así, X no habría señalado el tiempo necesario que requiere para abordar los informes de material de abuso infantil y los métodos utilizados para detectar estos ilícitos.

No hay evidencia de que, previo al despido, la empleadora haya realizado una investigación o sumario interno en pos de demostrar las imputaciones como configurativas de una “pérdida de confianza” que hace imposible la continuidad de la relación laboral que perduró por casi 22 años, ni de que se le haya otorgado la posibilidad de efectuar un descargo antes de su desvinculación.

Se alega que TikTok viola la Ley de Prácticas de Ventas al Consumidor de Utah (UCSPA) al hacer que la aplicación sea adictiva para los niños con fines de lucro. También se le acusa de tergiversar aspectos relativos a la seguridad de su aplicación y la equidad de sus políticas.

Las publicaciones fueron además emitidas por un medio de comunicación local, que no ha sido recurrido y respecto del cual esta Corte no podría adoptar medida alguna.

Las leyes sometidas a escrutinio prohíben a las empresas de redes sociales censurar a los usuarios que expresan sus opiniones políticas, incluso si los estos violan las políticas de la plataforma en el ejercicio de sus derechos, lo que esencialmente limita la capacidad de las compañías para filtrar publicaciones que puedan ser consideradas ofensivas.

Los magistrados han dado la razón a Adeslas al entender que era una actividad que realizaba todos los días de forma habitual y constante, de manera que su jornada era destinada a otros cometidos ajenos a sus responsabilidades laborales, los cuales eran abandonados cuando subía los vídeos a Instagram.