Cuando el despido es declarado improcedente, se priva de sustento a la aplicación del inciso segundo del artículo 13 de la Ley N°19.728, razón por la que el empleador no puede descontar el aporte realizado a la cuenta del seguro de cesantía del trabajador.

Tal descuento procede únicamente cuando la causal del despido obedece a necesidades de la empresa, no obstante, la declaración de improcedencia del despido priva al empleador de la hipótesis establecida en el artículo 13 de la Ley N°19.728, por ende, debe restituir la suma descontada al trabajador.

De hacerlo, la magistratura incumple su mandato de imperio estatuido en el artículo 7 de la Constitución, así como el principio de inexcusabilidad, debido a que es el órgano idóneo para determinar si un conflicto contractual es de naturaleza civil, o se le deben aplicar las reglas del Código del Trabajo.

El máximo Tribunal sostuvo que la única causa legal para ejercer la facultad del artículo 13 de la Ley N°19.728, y descontar los aportes, es que el despido sea por la causal necesidades de la empresa; en la especie, el despido fue declarado improcedente y se ordenó al recurrente restituir los fondos descontados.

El máximo Tribunal sostuvo que este es el verdadero sentido y alcance del artículo 13 de la Ley N°19.728.

La Caja reanudó el descuento del Crédito social que otorgó en 2011 descontándolo de las remuneraciones pagadas por un nuevo empleador, lo que aquella justificó en el ejercicio de las facultades que le concede la Ley N°18.833.

Las multas cursadas como consecuencia de una infracción fundada en un Reglamento declarado previamente ilegal por sentencia judicial firme son improcedentes y corresponde su restitución a los sancionados.

Las recurridas niegan la bonificación argumentando preexistencias en el asegurado.

Corresponde aplicar lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley N°19.435.