Previo a esta ley, Zimbabue mantenía un estatus de moratoria de facto sobre la pena de muerte, ya que la última ejecución se realizó hace casi 20 años. No obstante, no existía una declaración formal que prohibiera su aplicación, ni tampoco una derogación de las disposiciones legales que la contemplaban.
La reforma confiere mayores poderes a los custodios, quienes estarán facultados para utilizar fuerza razonable en caso que el delincuente se negare a sentarse en el banquillo. En última instancia, se podrá facilitar un enlace de video para que asistan en forma telemática. Si el criminal se resiste a comparecer, arriesgará una pena extra de 2 años de cárcel.
La medida busca frenar la inmigración ilegal que ha aumentado exponencialmente en los últimos años. En este sentido, contempla reanudar las deportaciones a países de África, una medida que en el pasado ha sido fuertemente criticada por organizaciones de derechos humanos.
