No existen motivos para dudar de las conclusiones de las autoridades con respecto a las circunstancias personales del demandante, a las que se había llegado tras un examen exhaustivo y racional. En particular, constataron la inconsistencia en los motivos de sus dos solicitudes de asilo: originalmente solicitó asilo debido a las amenazas de la mafia libia; luego porque había trabajado para el régimen de Gaddafi.

La falta de toda flexibilidad por parte del Estado miembro puede imposibilitar la observancia de los plazos legales establecidos. Por consiguiente, la reagrupación familiar podría verse sometida a requisitos adicionales más difíciles de cumplir, contraviniendo el objetivo de la normativa europea de prestar una especial atención a la situación de los refugiados.

No cabe estar de acuerdo con la afirmación hecha por el gobierno de que el demandante, como periodista experimentado, debería haber estado al tanto de esos factores sin que la autoridad le diera más detalles.

Al no adoptar las medidas para iniciar de inmediato el procedimiento para dar trámite a la solicitud, con la celeridad que el caso amerita, el Servicio infringe el deber impuesto por la normativa sobre protección de refugiados.

La decisión beneficia a personas que obtuvieron la residencia por razones humanitarias, que no cuenten con permiso de trabajo, ya que anteriormente solo los migrantes con actividad laboral podían optar al subsidio.

En su calidad de pariente más cercano, una refugiada somalí solicitó que sus sobrinos residieran en Irlanda, ya que un tribunal de su país le había concedido la custodia. Los tribunales de instancia irlandeses consideraron que este era motivo suficiente para conceder la solicitud.

La autoridad estimó prima facie, y sin emitir el acto administrativo que contuviera los razonamientos para ello, que el actor no cumplía con las exigencias establecidas en la normativa aplicable.

La resolución impugnada carece de fundamento, toda vez que, no alude a los elementos reunidos en el proceso para descartar su mérito.

El máximo Tribunal rechazó el recurso de apelación deducido por el Consejo de Defensa del Estado, tras establecer la obligación que imponen a Chile los tratados internacionales de proteger los derechos de mujeres y niñas en riesgo de sufrir, en sus países de origen, ablación o mutilación genital.

El Tribunal de Estrasburgo adujo que las jurisdicciones internas francesas no han evaluado los riesgos a los que el demandante se exponía en la hipótesis de que la medida de expulsión se hubiera ejecutado.