El Servicio no tuvo en consideración el reconocimiento presunto que el padre de los recurrentes hizo al momento de otorgarles su apellido, por lo que no puede fundar el rechazo de la rectificación en que los actores carecen de filiación determinada, debido a que tal aserto los discrimina arbitrariamente al exigirles algo que excede los márgenes del ordenamiento.

A diferencia de las reglas contenidas en el D.L. N°409 y en el D.S. N°64, el legislador innovó incorporando a los tribunales ordinarios o especiales con competencia penal, para los efectos de ordenar al Servicio de Registro Civil e Identificación la eliminación o la omisión de antecedentes penales, según corresponda.

El solicitante debe acompañar copia de la sentencia definitiva ejecutoriada de la causa del Juzgado del Crimen, y en caso que sea condenatoria, debe también acompañar el certificado de cumplimiento de la condena, informó el Registro Civil.

Las impresiones dactilares de la recurrente coinciden con las de un tercero, informó el Registro Civil.

El amparado no mantiene orden de arraigo pendiente y la causa invocada por el Servicio de Registro Civil se encuentra terminada, en tales condiciones la negativa de esta institución aparece desprovista de fundamento en lo que dice relación con dicho proceso.

El recurrente acusó un fraude por parte del vendedor del automóvil, que luego de recibir el dinero denunció el robo del vehículo en la PDI. La magistratura rechazó la acción cautelar porque el actor no tiene un derecho indubitado respecto del móvil, y debe acudir a la justicia ordinaria para perseguir la presunta estafa y así poder inscribir el bien como propio.

La negativa a la renovación del pasaporte deja al amparado en una situación de permanencia forzada en el extranjero y, paralelamente, un impedimento para su ingreso al territorio nacional, sin sustento en el ordenamiento jurídico.

El Registro Civil no ha cometido acto ilegal, puesto que se ha limitado a aplicar lo previsto en el artículo 32 de la Ley N°14.908, tras su modificación por la Ley N°21.389.

La Segunda Sala del tribunal de alzada estableció el actuar arbitrario e ilegal del servicio recurrido al rechazar la solicitud.

Mediante una resolución, diputadas y diputados piden aumentar el horario en oficinas, así como reactivar la atención de público los días sábados en lugares con mayor demanda.