La propuesta crea un registro a nivel nacional para individualizar a todos quienes hayan sido condenados por maltrato animal, los que quedarán inhabilitados de adquirir o adoptar animales, ejercer cualquier tipo de actividad, oficio, profesión o cargo que involucre el trato con animales, como asimismo, para establecer la obligación a los empleados de cierto tipo de negocios u organizaciones relacionadas con animales que consulten el Registro y se nieguen a vender o transferir la propiedad de un animal a cualquier persona que esté incluida en el mismo.