El recurrente no pudo revertir la sentencia de primera instancia que acogió la demanda de oposición a la regularización, al considerar que el predio reclamado pertenece al demandante, por lo que el proceso iniciado por el demandado en virtud del D.L. N°2695 se dejó sin efecto.
El recurrente durante toda la secuencia del juicio confundió ambas acciones, refiriéndose a su acción en todo momento como “comodato precario”, pero argumentando en derecho la existencia de un “precario”. El máximo Tribunal expresó que la diferencia entre ambas acciones no es baladí, debido a la sustancia y argumentos que corresponde esgrimir en cada caso.
La recurrente no invocó la infracción de ninguna norma decisoria en su libelo de nulidad sustancial; por lo tanto, debe quedar a firme la decisión del tribunal de primer grado. Además, no dio cumplimiento a los requisitos formales para oponerse al procedimiento.
El predio fue entregado como legado al solicitante, que regularizó la porción que le correspondía del terreno, lo que no contraviene las normas del Decreto Ley Nº2695, y la regularización posee una causa legal válida.
La ocupante utilizaba la sede como bodega de su local comercial ubicado a continuación de dicho inmueble, restringiendo el ingreso de las madres e impidiendo el normal desarrollo de las actividades organizadas por la agrupación.
El recurrente no logró probar ningún acto posesorio respecto del inmueble que pretendía regularizar en la comuna de San Javier, no cumpliendo con el requisito que exigen los artículos 2 y 4 del D.L. Nº2695.
La demandante adquirió en 2016 un inmueble por medio del procedimiento de regularización del D.L. Nº2695, por tanto, le era inoponible el contrato de arriendo celebrado en 2010 por el ocupante del predio, quien fue condenado a restituir el bien raíz.
La prescripción de corta duración establecida para la acción de dominio del artículo 26 del D.L. N°2695, se interrumpe con la notificación de la demanda, y no con su interposición, por lo que la demandante adquirió la propiedad regularizada mediante prescripción adquisitiva.
El recurrente demandó la nulidad de ocho resoluciones del SEREMI de Bienes Nacionales regularizaron un inmueble sin comprobar que los solicitantes cumplieran con el plazo de posesión exigido en el D.L, N°2.695, hecho del que se sigue la cancelación de las inscripciones dominicales; acción que no prescribe en los términos ordinarios del derecho civil.
Solicitante manifestó que hacía uso de las aguas con anterioridad a octubre de 1981, en circunstancias que el punto de captación fue construido hace cinco años.
El recurrente no cuestionó el artículo 19 del D.L. N°2695 aplicado por el fallo que le es adverso y, en cambio, se centro en alegar que el predio regularizado era indígena, hecho no invocado por las partes en sus peticiones durante el juicio.
