La orientación sexual o género de los progenitores en nada impacta en una resolución judicial relativa a los cuidados de los hijos o en la determinación del régimen de contacto. La verificación de la forma en que se llevan a cabo, se deduce del cumplimiento acabado de los deberes de protección, cuidado, respeto, acompañamiento y cumplimiento de sus deberes legales.
La exigencia no es acreditar los beneficios que le irrogaría al hijo o hija el ejercicio de la relación directa y regular con el padre o madre no custodio, sino, al contrario, qué elementos justificarían su denegación.
Si bien la niña tiene derecho a generar lazos con su madre y ésta a compartir tiempo con su hija, tales derechos deben ser analizados a la luz del interés superior del niño, el cual es un instrumento jurídico que tiende a asegurar el bienestar del niño en el plano físico, psíquico y social.
La moción regula el ejercicio de este derecho y las razones de su revocación. Así también establece los criterios para designar la tutela y curaduría.
Cuando hay un menor de edad cuyos derechos pueden verse afectados, el juez debe decidir teniendo en cuenta su mejor interés, opinión que puede o no coincidir con la de los adultos que intervienen en el pleito. La regla así establecida que ordena sobreponer el interés del niño a cualesquiera otra consideración tiene el efecto de separar conceptualmente aquel interés del niño como sujeto de derecho de los intereses de los otros sujetos.
El régimen de visitas es un derecho de doble vía, que garantiza el desarrollo de las relaciones entre los hijos y los padres, reforzando los lazos de unión. Este debe desarrollarse de acuerdo con el principio de interés superior del niño y todos, autoridades y particulares, deben propender por su efectivización.
La autorización concedida implica radicar en forma permanente el cuidado de la niña en su progenitora y, a lo menos, dificultar la vinculación con el padre, por lo que el tribunal necesariamente debía pronunciarse sobre la relación directa y regular del padre con su hija.
La imputación de hechos reprochables, a nivel social y penal, implica no solo un acto de autotutela, sino también una vulneración al derecho y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia.
Quien maltrata a una madre no puede tener una relación sana con los hijos en común.
No se acreditó una situación de riesgo concreto a la salud del hijo con la pandemia, por lo que el impedimento del régimen comunicacional es un incumplimiento imputable a la madre.
