El requirente alega que las normas impugnadas vulneran la igualdad ante la ley, la integridad psíquica y el derecho de propiedad, al discriminar arbitrariamente a quienes profesan la religión católica, excluyéndolos de la magistratura en razón de un sistema jerárquico específico, lo que contraviene estándares internacionales de derechos humanos.