El actor fue detenido en 1973 y liberado en 1978, tiempo en el que fue torturado por agentes del Estado. El máximo Tribunal anuló de oficio la sentencia que redujo el monto indemnizatorio a 40 millones, al estimar que la magistratura no explicó el razonamiento para tal disminución de la reparación, y confirmó el fallo de primer grado que ordenó el pago de 120 millones a título de daño moral.

El recurrente fue detenido y torturado en 1987 por agentes militares, y luego de obtener sentencia favorable en primera instancia al demandar la indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual del Estado, la Corte revocó el fallo, indicando que dicha responsabilidad prescribía en cuatro años, no obstante, el máximo tribunal acogió el arbitrio de nulidad sustancial luego de razonar que la responsabilidad internacional de Estado, implica la reparación oportuna y eficaz a las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos.

El documento elaborado por la Defensoría de la Niñez surge a partir de una revisión de diversos antecedentes documentales, experiencia de casos, entrevistas a especialistas y a representantes de organizaciones de la sociedad civil de víctimas y sobrevivientes.

La Sala solicitó al Presidente de la República a través de un proyecto de acuerdo transversal que se establezcan criterios y medidas de reparación a las personas que fueron vulneradas en sus derechos humanos en ese enclave.

La Comisión recomendó reparar íntegramente las violaciones de derechos relacionadas con el incumplimiento de fallos internos y la falta de protección judicial efectiva.

Las Comisiones de Reconocimiento y Reparación de víctimas creadas por las autonomías constitucionales son constitucionales, en la medida en que se limiten a determinar la relación de causalidad entre los hechos y la producción del daño y, mientras no ejerzan facultades de investigación ni de persecución de hechos delictivos.

El Tribunal estableció la responsabilidad de la dueña del departamento ubicado en el segundo piso, por los daños provocados en el inmueble de la demandante, al negarse a reparar la filtración que comenzó en 2014.