La Magistratura Constitucional ponderó la libertad de expresión con el derecho a la honra, especialmente en el contexto de redes sociales, y sostuvo que, aunque la libertad de opinión es fundamental, no es absoluta y está sujeta a responsabilidades por abusos, conforme a la legislación nacional e internacional.

Resolvió que, en materia penal, los derechos de las víctimas no otorgan un derecho subjetivo a actuar directamente en el proceso, ya que la acción penal persigue un interés público. Agregó que la formalización es un requisito para que el querellante pueda acusar, pues es el Ministerio Público quien dirige la investigación, lo que garantiza un proceso justo y evita la privatización de la acción penal.