El requirente alega que la norma legal objetada infringe la igualdad ante la ley, el debido proceso, el derecho a defensa, y el derecho a la tutela judicial efectiva, desde que, a pesar de que en otros procedimientos sí se puede apelar, se excluye en este caso el derecho a revisión integral, por lo que, con ocasión de un absurdo jurídico, el precepto impugnado no hace más que discriminar procesalmente y, en consecuencia, generar un agravio.

El requirente alega que la norma legal objetada infringe la igualdad ante la ley; el respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia; y el principio de seguridad jurídica, desde que la norma impugnada -el artículo 2331 del Código Civil- le impide demandar la indemnización del daño moral por imputaciones injuriosas contra su honor a menos de que acredite daño emergente o lucro cesante.

El requirente alega que la norma legal objetada infringe el derecho a ejercer la acción penal, la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos y el debido proceso, desde que a pesar de que existen diligencias pendientes, no podrá ejercer su derecho a la acción penal en contra de los encapuchados que atentaron contra la Iglesia durante el estallido social.

El requirente solicitó intervenir como tercero coadyudante para hacer valer un vicio de nulidad procesal que le afectaría directamente, pero no se le permitió su comparecencia al juicio ejecutivo, lo que considera infringe su derecho a la acción, el derecho a la defensa, el derecho a ser juzgado por el juez natural y el debido proceso. Alega que se priva del derecho de aportar antecedentes conculcándose su derecho de ser escuchado y evitar un fraude procesal.

El Juez requirente plantea que las normas legales objetadas podrían infringir el debido proceso respecto del deudor habitacional, desde que el Fisco puede emplazarlo en un domicilio en el que no habita, requiriéndolo de pago y embargando el inmueble que el SERVIU solicita que se le adjudique en la causa.

La Sala arribó a la conclusión de que concurre la causal de inadmisibilidad del requerimiento de que el precepto impugnado no es de aplicación decisiva en la resolución del asunto concernido en la gestión judicial invocada. El requirente alegó que infringe la igualdad ante la ley, el derecho al recurso e impide impugnar la resolución que falla un incidente de corrección procesal.

La Segunda Sala concluyó que el requerimiento carece de fundamento plausible o razonable al estructurarse a partir de alegaciones conocidas y desestimadas previamente sin que se agreguen nuevos argumentos que justifiquen un análisis distinto al ya realizado o que del caso concreto surjan antecedentes diversos.

El requirente alega que la norma legal objetada infringe los principios de legalidad y de tipicidad, ya que, con ocasión de que el proceso penal fue iniciado por una querella hace más de siete años, el precepto impugnado obliga al Juez a considerar el delito de prevaricación conforme al artículo 233 número 2 del Código Penal, en circunstancias que dicho precepto está derogado.

El requirente fue apercibido para que acompañara el certificado que acreditara con todas las menciones legales exigidas la existencia de la gestión pendiente, lo que no fue cumplido, por lo que el requerimiento se tuvo por no presentado para todos los efectos legales.

El requirente alega que la norma legal objetada infringe la igualdad ante la ley, la igual repartición de las cargas públicas, el derecho de propiedad y el principio de seguridad jurídica, desde que no tiene por qué responder por una función social o pública, ya que la distribución de dicha carga no está fundada en criterios igualitarios ni equitativos, menos, si se le priva de un atributo esencial de su derecho real, en concreto, de la facultad de usar y disponer de la cosa, sin que exista una ley general o especial que autorice esta expropiación por causa de utilidad pública o interés nacional.