Las infracciones a la LGUC, a su ordenanza general e instrumentos de planificación territorial se sancionan con multa, a beneficio municipal, no inferior a un 0,5% ni superior al 20% del presupuesto de la obra.

No corresponde calificar las “bondades” de las normas, solo resolver si se ajustan a los preceptos constitucionales, para así no inmiscuirse en el “ejercicio de la función pública” que cabe al Congreso. Las apreciaciones del mérito y oportunidad que llevan a la adopción de una u otra fórmula normativa corresponden al legislador.

Al permitir sólo al Ministerio Público recurrir de apelación se afecta el derecho a defensa del imputado, dispensa un trato desigual, injustificado, consagra un privilegio procesal, vulnera la igualdad en el ejercicio de los derechos y la exigencia de un procedimiento racional y justo.
Atenta contra el contra el Principio de Igualdad en desmedro del imputado, que queda impedido de ejercer sus derechos en el proceso penal.