La requirente alega que el precepto legal objetado infringe la igualdad ante la ley, el debido proceso y el principio de proporcionalidad, desde que establece una doble sanción para el empleador y obliga a pagar la indemnización laboral y la que prevé el Estatuto Docente por no notificar la desvinculación del docente con la anticipación que en este último cuerpo legal se exige, lo que no pudo hacer por encontrarse aquel haciendo uso de licencia médica.

La requirente alega que el precepto legal objetado infringe el principio de supremacía constitucional, de juridicidad y legalidad, la igualdad ante la ley y el debido proceso, desde que el plazo de prescripción de la falta que sanciona la Contraloría General de la República es el general del Código Civil de 5 años, y no el de 6 meses que establece para las faltas el Código Penal.

La Magistratura Constitucional descartó que al no permitirse que el ejecutado oponga la referida excepción se produzcan resultados contrarios a la igualdad ante la ley, a la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, al derecho a defensa y al debido proceso.

El requirente alega que el precepto legal objetado infringe el derecho de negociación colectiva y el derecho de propiedad, desde que permite disminuir el sueldo base cuando es superior a la remuneración básica mínima nacional.

El requirente alega que el precepto legal objetado infringe el debido proceso y el artículo 22 del tratado de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, como así también, el artículo 5 inciso segundo constitucional, desde que a pesar de que el Estado de Chile se comprometió de buena fe a celebrar un Tratado Internacional, la norma impugnada impide oponer la excepción de inmunidad de jurisdicción, en circunstancias que las normas internacionales gozan de un estatus jerárquico superior al derecho doméstico.

El requirente alega que el precepto legal objetado infringe la igualdad ante la ley, el debido proceso y los principios de publicidad y de fundamentación de las decisiones, desde que la Ley N°21.210 mantiene vigente la restricción para interponer el recurso de casación en la forma sólo a ciertas causales del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil en los juicios tributarios iniciados con anterioridad al 1 de marzo de 2020, pero a los posteriores.

El requirente alega que el precepto legal objetado infringe la igualdad ante la ley y la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, desde que impide que el querellante sostenga la acusación particular. En otros términos, la víctima quedará impedida de ejercer acción penal ante el delito que le afecta.

El requirente alega que el precepto legal objetado infringe la igualdad ante la ley y la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, desde que las normas impugnadas se aplican en desmedro del artículo 303 numeral 3 del Código de Procedimiento Civil, afectando el debido proceso.

El requirente alega que el precepto legal objetado infringe la igualdad ante la ley y el debido proceso, desde que a pesar de que se configuran nuevas causales de nulidad, la norma impugnada impide recurrir, lo que le genera una situación grave de indefensión.

El precepto legal objetado infringe la igualdad ante la ley y la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, desde que autoriza al receptor judicial a notificar la demanda y a requerir de pago a cualquier persona adulta que se encuentre en el lugar que vive o reside sin certificar el nombre, domicilio, cédula de identidad de la persona que intervine y sin hacer las mínimas observaciones de que la información sea real.