El Estado no puede ser indiferente y debe encontrar los mecanismos y gestionar los recursos para que los menores cuenten con soluciones de transporte que les permitan desplazarse, de forma segura, hasta las instituciones educativas. En esa dirección, las complejidades presupuestales, si bien son un factor de necesaria atención, de ninguna manera pueden ser una excusa para que las autoridades evadan su obligación.