La decisión de la autoridad administrativa resulta ilegal por cuanto no le concedió a la amparada la oportunidad de exponer sus descargos ante las causales de rechazo de su solicitud. La autoridad recurrida deberá continuar la tramitación del procedimiento administrativo y pronunciarse conforme a derecho.
Se trata de una persona que goza de situación migratoria regular en el país y mantenía el certificado de residencia definitiva en trámite.
El supuesto fáctico que fundamenta la petición de tutela a sus garantías de libertad personal y seguridad individual no subsiste en la actualidad, en cuanto ya fue reembarcado al país de origen.
No fue precedida de un procedimiento administrativo previo, que permita determinar las discrepancias observadas por la propia recurrida en su informe.
El actor, desde el 2012 posee residencia definitiva en Chile, durante el verano de 2019 estuvo tres semanas en Perú, lugar en que perdió su cédula de identidad chilena, y al volver al país solicitó un nuevo documento. Sin embargo, la autoridad recurrida revocó tácitamente su residencia, argumentando que ha permanecido fuera del territorio por tres años, circunstancia anómala que no pudo ser acreditada por la recurrida.
El Departamento de Extranjería está facultado para solicitar antecedentes actualizados con el objeto de aclarar las solicitudes. No obstante, deberá considerar la suficiencia de todos los documentos aportados antes de emitir un pronunciamiento.
La autoridad migratoria no puede establecer una exigencia uniforme para todos los solicitantes, debe considerar las condiciones personales que concurren en cada solicitante.
No corresponde al máximo Tribunal determinar si procede otorgar la residencia definitiva a la actora.
El máximo Tribunal estableció actuar arbitrario de la autoridad recurrida al denegar injustificadamente el visado de los menores.
