La Clínica no logró desvirtuar la presunción de culpa por incumplir su obligación contractual. Se la condenó a pagar una indemnización por daño emergente y moral a los demandantes, junto con las costas del juicio.
Está acreditado que existe un daño que proviene de una obligación incumplida por parte del demandado, al omitir el deber de cuidado por la falta de seguridad del local de su propiedad, por lo que corresponde resarcir el daño producido según el quantum calculado por las instancias de mérito.
La póliza define a los participantes como aquellas personas que contribuyen al desarrollo de la actividad asegurada, por lo que el lesionado-torero- no era un mero espectador. Tendrán tal consideración los organizadores, técnicos responsables, diestros, toreros, novilleros, rejoneadores, miembros de la cuadrilla, toreros-cómicos, picadores, banderilleros, corredores en sueltas y encierros y en general cualquier persona, profesional taurino o no, que tenga participación activa en el evento.
Las constancias obrantes en la causa no permiten establecer el eventual nexo de causalidad entre el factor laboral y la enfermedad multisistémica que afectó al trabajador.
Una empleada no identificada del restaurante sufrió un accidente mientras cortaba rúcula, resultando en la amputación de una porción de su dedo índice izquierdo. A pesar de ser trasladada de urgencia a un hospital local, el dedo amputado terminó en la ensalada de la demandante y, finalmente, en su boca.
La única eficacia que la cosa juzgada material produce en el proceso penal es la preclusiva o negativa consistente simplemente en que, una vez resuelto por sentencia firme o resolución asimilada una causa criminal, no cabe seguir después otro procedimiento del mismo orden penal sobre el mismo hecho y respecto a la misma persona.
La relación de consumo alude al vínculo que se establece con quien, en forma profesional, aun ocasionalmente, produzca, importe, distribuya o comercialice cosas o preste servicios a consumidores o usuarios. En este caso no existe controversia sobre el carácter de proveedor de la accionada, pero esta cumplió con su deber de emitir avisos de seguridad y el hecho se debió a la imprudencia de la recurrente.
El derecho de información que conforma uno de los pilares del sistema protectorio consumeril, tiene correlato en el deber de información impuesto a los proveedores de bienes y servicios en general, y en particular con la del productor de seguros y la compañía aseguradora. En la especie, se invocó la responsabilidad del productor de seguros por déficits en su obligación de asesorar al asegurado a fin de que éste obtenga la más adecuada cobertura.
Los abusos fueron cometidos durante más de tres décadas en dos centros médicos de prestigio. Sus víctimas lo describieron como un “depredador sexual disfrazado con bata blanca”.
Tratándose de una cónyuge de avanzada edad, con un estado de salud frágil, y existiendo una vida matrimonial extensa, el sacrificio y postergación personal debe valorarse con mayor entidad.
La demandada justificó su actuar en la ludopatía que la aqueja, sin embargo, el tribunal determinó que aquello no era motivo para declarar su incapacidad, conforme a lo dispuesto en el artículo 2.319 del Código Civil.
