La no aportación de dichos documentos, a lo que está obligada legalmente la entidad bancaria, solo a ella le puede perjudicar ya que por el criterio de facilidad probatoria debía haberlo proporcionado cuando se le solicitó durante el procedimiento.

El artículo 17 del Convenio de Montreal establece una responsabilidad objetiva del transportista aéreo, desligada del elemento culpa, al señalar que, responde “por la sola razón de que el accidente que causó la muerte o lesión se haya producido a bordo de la aeronave o durante cualquiera de las operaciones de embarque o desembarque.

No resulta acreditada por el actor la relación causal entre el robo y el puntual hecho que le atribuye a la entidad bancaria -incumplimiento al deber de seguridad en su perjuicio-, al no haber siquiera probado la afirmada presencia del tercero “informante” o “marcador” dentro de las dependencias del banco accionado en la oportunidad que relata.

La falta del cumplimiento del contrato generó un severo perjuicio. Se debe resaltar que la exigencia de condiciones de atención y trato digno que refiere la legislación y el principio de buena fe, debe primar en toda relación contractual, debido que apuntan al respeto por el consumidor como persona, quien no puede someterse a menosprecios ni desconsideraciones.

Dado que tanto la experiencia común como los estudios gubernamentales sugieren que un texto puede enviarse o leerse en tan solo unos segundos, cobrarle a un cliente diez minutos por cada texto enviado parecería resultar en una sobrecarga flagrante. Al contar los cargos por mensajes de texto, que superan la alucinante cifra de 750,5 dólares, se genera otro emoji (cabeza explotando).

En los espectáculos públicos, se está en presencia de un supuesto de responsabilidad contractual cualquiera sea su finalidad, deportiva, artística, cultural, etc. Su fundamento se halla en la asunción de una obligación de resultado (deber de seguridad) por parte del organizador, respecto de la incolumidad de los asistentes mientras éstos permanezcan en el lugar.

El requirente alega que la norma legal objetada infringe la igualdad ante la ley, el debido proceso y el derecho de propiedad, desde que no existen parámetros objetivos y proporcionales, que permitan otorgarle una función de garantía efectiva, distintas a la mera satisfacción del tribunal, la que, por cierto, se fija sin escuchar a la defensa, en cuanto se encuentra autorizado para resolver de plano.

El certificado médico por ansiedad y trastorno del sueño que presentó no es causa suficiente para ausentarse de la audiencia. Mientras el voto en contra refiere que la comparecencia del imputado a la audiencia de preparación de juicio oral no resulta necesaria ni constituye un requisito de validez, de manera que la orden de detención aparece desprovista de razonabilidad.

Se impone la obligación de información individualizada, y por escrito, de la existencia y contenido del Código de Buenas Prácticas a los clientes que dejaban de cumplir el pago de las cuotas hipotecarias, manifestando sus dificultades para atender el pago, desde ese momento, así como de las posibilidades de acogerse al mismo.

Los sistemas de seguridad no funcionaron en cuanto a las operaciones que son las que determinan la reclamación de la actora, y que ponen de manifiesto que el sistema de pagos instaurado por la apelante no es totalmente seguro, sino que está expuesto a fraudes como el de autos.