Según el tribunal se incurrió en «falta de servicio» en el presunto suicidio de una persona en una comisaría ocurrido en 2013.

Se encuentra acreditada la responsabilidad objetiva del Estado, ya que es dueño del hidrante en mal estado que provocó el accidente.

Los daños a la actora derivaron directamente de un accidente vascular que el Hospital no trató de forma oportuna.

El demandado no rindió pruebas suficientes para desvirtuar la presunción de su responsabilidad civil extracontractual a causa de los daños provocados.

Además, vulneró sus derechos a la garantía judicial y al principio de legalidad.