Se demandó la indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual a un Fiscal Adjunto del Ministerio Público, en circunstancias que los hechos denunciados fueron realizados en el ejercicio de su labor como funcionario y no como persona natural. La actora debe dirigir la acción en contra del Fisco de Chile, en atención al artículo 5 de la Ley Orgánica del ente persecutor.

la Primera Sala del tribunal de alzada rechazó los recursos de apelaciones presentados por las partes y confirmó el pago de una indemnización total de $38.025.727 por concepto de daño emergente y moral, por la falta de mantenimiento de la matriz, tubería y alcantarillado de Aguas del Altiplano S.A.

El máximo Tribunal estableció que la parte recurrente no probó el incumplimiento alegado.

No se puede imputar ninguna falta de diligencia en una persona, que como la lesionada usa un elemento comunitario, con socorrista, abierto, sin restricción alguna y funcionando con normalidad, que además no contaba con una mínima señalización que advirtiera del concreto riesgo, no pudiendo considerarse tampoco como un «riesgo general de la vida», ni de competencia de la víctima.

El juez dio por acreditado que entre el 26 de marzo de 2020 y noviembre de 2021, el inmueble que habitaban los demandantes sufrió el afloramientos de aguas servidas, el que pese a las obras de inspección y reparación, no fue solucionado por la demandada. 

Existe una negligente disposición del cambio de nivel entre la calle y el portal que constituye un obstáculo que excede de la normalidad y de los riesgos generales por no tener carácter previsible para la víctima. No apreciamos conducta negligente o descuidada por parte del demandante que permita realizar una compensación de culpas con el efecto de minorar la indemnización a percibir.

El mismo día de su nacimiento, en el hospital de El Salvador, se le suministró al menor una vacuna BCG que tenía cinco días de vencimiento. Con posterioridad, el niño contrajo meningitis y diversos trastornos, los cuales no pudieron ser acreditados por sus padres como consecuencia directa del actuar negligente de las profesionales que atendieron su hijo.

El recurrente fue detenido y torturado en 1987 por agentes militares, y luego de obtener sentencia favorable en primera instancia al demandar la indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual del Estado, la Corte revocó el fallo, indicando que dicha responsabilidad prescribía en cuatro años, no obstante, el máximo tribunal acogió el arbitrio de nulidad sustancial luego de razonar que la responsabilidad internacional de Estado, implica la reparación oportuna y eficaz a las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos.

Cuando el perito determina que el trastorno que presenta la víctima justifica un tratamiento especial, aquélla puede percibir ese monto, como un rubro más del resarcimiento, incluso en el caso de que decida no hacer ningún tratamiento, y cargar con el peso de su malestar. La frecuencia y duración siempre serán estimativas, pues está claro que nadie puede predecir con certeza cuándo se curará una persona.

Existía la posibilidad de que se hubiera caído en su casa, o en cualquier otro lugar y que sabedor de ese desperfecto en la calle, fabricase un escenario artificiosamente y guiado por un ánimo de lucro tan perverso como ilícito recabando el auxilio policial y de los servicios de ambulancia, con vistas a la ulterior reclamación. Sin embargo, desechamos esa hipótesis por su colisión con la lógica y la razón.