El instructor asignado actuó en total conformidad con las regulaciones, brindando asistencia y supervisión adecuada hasta segundos antes del trágico suceso que, como luego se supo a través de la nota de disculpas que estaba en la cartera de la mujer, aquella había planificado.
El proceso realizado por a quo para valorar la prueba resulta paradigmático por su exhaustividad y profundidad en el análisis. En particular, analiza con especial detenimiento la existencia del engaño y describe con detalle la hábil preparación de un sistema defraudatorio que consumó la estafa. Todo ello como consecuencia del «claro sentimiento de enamoramiento y cariño» que la víctima sentía hacia el acusado.
La resolución denegatoria indica que no ha demostrado avances en su proceso de reinserción social, toda vez que no existen antecedentes que den cuenta que rechace explícitamente el delito cometido ni del mal causado por aquél.
Continuador y sucesor del SENAME, le corresponderá implementar políticas intersectoriales y desarrollar programas para modificar la conducta delictiva y la integración social de los jóvenes sujetos de su atención. Introduce también modificaciones a la Ley N°20.084, sobre responsabilidad penal adolescentes, y a otros cuerpos legales.
Conocida como “Ley Antonia”, crea tipos penales, incorpora derechos específicos para las víctimas en el transcurso de la investigación y protege su identidad, intimidad, seguridad y dignidad.
El requirente estima que la aplicación de esta norma en su caso concreto vulnera la igualdad ante la ley, la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos y el debido proceso, y conlleva a la aplicación de una pena desproporcionada.
Las medidas cautelares debieron resolverse conforme la Ley N° 20.084, que regula la responsabilidad penal de los adolescentes, e ingresar al imputado a un recinto de SENAME.
La sentencia señala que es exigible la indemnización a los herederos del causante imputado pues, aunque en la causa penal se haya dictado sobreseimiento por fallecimiento del imputado, hubo exámenes y análisis que determinaron la existencia de abuso sexual.
«La referida iniciativa legal, en síntesis, tiene como finalidad modificar ciertos aspectos que regulan la responsabilidad de las personas jurídicas, ampliando el catálogo de delitos que les pudieren ser imputables e incorporando como sanción y medida cautelar el nombramiento de un 'interventor judicial'.
