Los elementos requieren una mayor indagación por parte de la instrucción, pero en principio no observo una desproporción, desde que el legislador nacional no requiere una equivalencia absoluta (máxime si se tiene en cuenta cómo fue el primer ataque y el extremo de que el cuchillo era portado en forma permanente por el acusado).
El tribunal argentino razona que las condiciones del piso por donde se efectuó el traslado, lejos de presentarse como una circunstancia imprevisible, debieron llevar al acusado a adoptar una conducta más cuidadosa, teniendo particularmente en cuenta que ha cumplido funciones como camillero en el Hospital durante dieciocho años.
Llevó a cabo el ataque debido a un resentimiento contra el estudio, al que acusaba de haber robado sus ideas tras rechazar sus novelas en un concurso anual. Sin embargo, el tribunal no encontró evidencia de que el estudio hubiera plagiado su trabajo.
El proceso realizado por a quo para valorar la prueba resulta paradigmático por su exhaustividad y profundidad en el análisis. En particular, analiza con especial detenimiento la existencia del engaño y describe con detalle la hábil preparación de un sistema defraudatorio que consumó la estafa. Todo ello como consecuencia del «claro sentimiento de enamoramiento y cariño» que la víctima sentía hacia el acusado.
La resolución denegatoria indica que no ha demostrado avances en su proceso de reinserción social, toda vez que no existen antecedentes que den cuenta que rechace explícitamente el delito cometido ni del mal causado por aquél.
Continuador y sucesor del SENAME, le corresponderá implementar políticas intersectoriales y desarrollar programas para modificar la conducta delictiva y la integración social de los jóvenes sujetos de su atención. Introduce también modificaciones a la Ley N°20.084, sobre responsabilidad penal adolescentes, y a otros cuerpos legales.
Conocida como “Ley Antonia”, crea tipos penales, incorpora derechos específicos para las víctimas en el transcurso de la investigación y protege su identidad, intimidad, seguridad y dignidad.
El requirente estima que la aplicación de esta norma en su caso concreto vulnera la igualdad ante la ley, la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos y el debido proceso, y conlleva a la aplicación de una pena desproporcionada.
Las medidas cautelares debieron resolverse conforme la Ley N° 20.084, que regula la responsabilidad penal de los adolescentes, e ingresar al imputado a un recinto de SENAME.
La sentencia señala que es exigible la indemnización a los herederos del causante imputado pues, aunque en la causa penal se haya dictado sobreseimiento por fallecimiento del imputado, hubo exámenes y análisis que determinaron la existencia de abuso sexual.
«La referida iniciativa legal, en síntesis, tiene como finalidad modificar ciertos aspectos que regulan la responsabilidad de las personas jurídicas, ampliando el catálogo de delitos que les pudieren ser imputables e incorporando como sanción y medida cautelar el nombramiento de un 'interventor judicial'.
