“El agolpamiento en los tribunales con competencia en familia solicitando retenciones de pensiones de alimentos a raíz del retiro del 10% de los fondos de las AFP, puso en evidencia un problema latente de largo arrastre en nuestro país: la falta de satisfacción efectiva de las deudas de este tipo”, plantea el informe.

Se requieren cambios al sistema a fin de aminorar los efectos que la política pública implementada en razón de la COVID-9 puede tener a largo plazo en la población.

La gestión pendiente incide en proceso de cumplimiento de alimentos de que conoce el Juzgado de Familia de Puente Alto.

El ente contralor adujo que dicha información solo puede ser utilizada para fines estrictamente institucionales.

Es un fallo histórico por ser la primera ocasión en la que se pronuncia respecto a la inconstitucionalidad de un proyecto de reforma constitucional.