La amparada y su hija dejaron Venezuela tras haber recibido amenazas por haber denunciado una negligencia médica que provocó la muerte de su hijo.

Los procedimientos para otorgar visas de responsabilidad democrática se habrían cerrado por haber superado el plazo, como consecuencia a la emergencia sanitaria.

El Tribunal de alzada estableció el actuar arbitrario de la autoridad recurrida, al no renovar los visados autorizados antes del inicio de la pandemia de covid-19 y que vencieron durante el periodo de cierre de fronteras por la emergencia sanitaria.