La Comisión afirma que resultan de especial preocupación las declaraciones estigmatizantes y criminalizantes contra manifestantes realizadas por el Gobierno a través de un comunicado de prensa de la Oficina del Presidente, en el que se calificó de forma generalizada a las personas como «terroristas». Asimismo, el Gobierno describió los hechos como «un golpe de Estado moderno», y justificó así la respuesta de las fuerzas de seguridad «en defensa de la democracia».