El imputado junto a otros miembros de su banda, se dedicaban a robar vehículos para utilizarlos en posteriores atracos. El día de su detención, ya contaba con tres automóviles sustraídos aquella jornada mediante la técnica del “abordazo”, y fue reconocido espontáneamente por todas las víctimas cuando coincidieron en la comisaría.

El máximo Tribunal reconoció que la declaración de la victima -realizada desde la ciudad de Bogotá- infringe el principio de territorialidad, y, por ende, el debido proceso. No obstante, aquella no era la única prueba que sustentó la condena del acusado, por lo que la infracción denunciada no influyó sustancialmente en el fallo.

La valoración de la prueba que hicieron los jueces del tribunal a quo, mediando, por una parte, un análisis serio del contenido de lo declarado por la víctima y por los funcionarios policiales y, por otra, la ponderación de todo el material probatorio incorporado en el juicio en que se incluye la prueba documental, pericial y los otros medios de prueba, permitió una construcción lógica de su razonamiento.

El quejoso pretendía que se le otorgara la pena sustitutiva de libertad vigilada, argumentando que el tribunal consideró condenas previas como adolescente para agravar su castigo, en circunstancias que, ponderados los antecedentes por la magistratura, el acusado tenía un amplio prontuario como adulto – y no sólo como adolescente, por lo que se le podía considerar reincidente.

El acusado asaltó a dos personas en la comuna de Quinta Normal, llevándose como botín sus teléfonos celulares. Las víctimas denunciaron el hecho a Carabineros, quienes, utilizando el GPS de ambos dispositivos, concurrieron al domicilio del acusado, actuación que se encuentra amparada por la flagrancia de los delitos y el concepto de “auxilio” a la víctima que indica el artículo 83 del Código Procesal Penal.

El acusado amenazó con un cuchillo a la víctima mientras ésta descargaba mercadería de un vehículo frente a su casa robándole una bolsa con productos, hecho que se vio agravado por la reincidencia del imputado en delitos de la misma especie; por lo tanto, la regla del artículo 449 Nº2 permitió al tribunal imponer un castigo más severo, desestimando la “compensación racional” propuesta por el encartado para reducir la pena.

No obstante lo anterior, los jueces del grado realizaron una exposición clara, lógica y completa de cada uno de los hechos y circunstancias que se dieron por probados, valorando todos los medios de prueba que les fueron presentados, de acuerdo a lo que al efecto prescribe el artículo 297 del código citado, apreciando la prueba sin contradecir los principios de la lógica y el de la razón suficiente, como se ha pretendido por el recurrente.

Cabe hacer presente, señala el  fallo, que Maximiliano BASÁEZ CASTILLO impartió instrucciones a fin de que el ilícito fuera realizado en la comuna de La Granja, ya que de esa forma podía brindarle cobertura valiéndose de su condición y atribuciones que mantenía como funcionario de Carabineros de la Tenencia Mauricio Rivera López ubicada en dicha comuna.

En virtud del principio de libertad de prueba, todos los hechos y circunstancias pertinentes para la solución del asunto pueden ser probados por cualquier medio producido e incorporado en conformidad a la ley.

Quien está llamado a valorar la prueba y vincularla con los hechos materia del proceso es el tribunal, de modo que el esfuerzo desplegado por el Ministerio Público en estrados, a fin de demostrar la existencia de un concierto previo entre los imputados a partir de la prueba rendida en el proceso, resulta ser un ejercicio infructuoso que no resulta idóneo en modo alguno para subsanar las deficiencias argumentativas del fallo recurrido.