No obstante lo anterior, los jueces del grado realizaron una exposición clara, lógica y completa de cada uno de los hechos y circunstancias que se dieron por probados, valorando todos los medios de prueba que les fueron presentados, de acuerdo a lo que al efecto prescribe el artículo 297 del código citado, apreciando la prueba sin contradecir los principios de la lógica y el de la razón suficiente, como se ha pretendido por el recurrente.

Cabe hacer presente, señala el  fallo, que Maximiliano BASÁEZ CASTILLO impartió instrucciones a fin de que el ilícito fuera realizado en la comuna de La Granja, ya que de esa forma podía brindarle cobertura valiéndose de su condición y atribuciones que mantenía como funcionario de Carabineros de la Tenencia Mauricio Rivera López ubicada en dicha comuna.

En virtud del principio de libertad de prueba, todos los hechos y circunstancias pertinentes para la solución del asunto pueden ser probados por cualquier medio producido e incorporado en conformidad a la ley.

Quien está llamado a valorar la prueba y vincularla con los hechos materia del proceso es el tribunal, de modo que el esfuerzo desplegado por el Ministerio Público en estrados, a fin de demostrar la existencia de un concierto previo entre los imputados a partir de la prueba rendida en el proceso, resulta ser un ejercicio infructuoso que no resulta idóneo en modo alguno para subsanar las deficiencias argumentativas del fallo recurrido.

El acusado fue sorprendido por Carabineros en posesión de una camioneta robada, y al ingresar a su domicilio, el personal policial encontró diversas especies de la víctima, así como marihuana lista para su comercialización.

La testigo afirmó que el acusado se encontraba ebrio y drogado, condición que lejos de justificar su conducta, puede explicar, al menos, lo errático de su proceder.

Tras una denuncia por robo en la comuna de Recoleta, los agentes arribaron al domicilio del imputado, autorizando el ingreso el padre del autor -previa lectura de derechos y advertencia de posible incriminación-, lugar donde éste confesó el delito y entregó la especie robada a los funcionarios.

Como así tampoco, promueve fórmula alguna de plena prueba que suprima por completo cualquier otra versión de aquella por la que se condena, lo cual deriva de la protección de la persona y los derechos del imputado.

El reclamante intentó dejar sin efecto la expulsión invocando el arraigo familiar que posee en el país, al tener una pareja y un hijo chileno, argumento desechado por el máximo Tribunal que declaró; “(…) el arraigo que pueda tener en nuestro país el hijo del actor, no puede ser una excusa para soslayar normas específicas dispuestas en nuestro ordenamiento jurídico en aras de la protección de un bien jurídico colectivo, como lo es la seguridad de las personas”.

El acusado intentó disminuir la condena argumentando que el delito se encontraba en grado de desarrollo tentado, tesis que fue desestimada por la Corte Suprema al hacer notar que el espíritu de la Ley Nº20.931, que modificó el artículo 449 del Código Penal, no es otro que sancionar esta clase de ilícitos sin considerar el grado de desarrollo imperfecto.