El reclamante intentó dejar sin efecto la expulsión invocando el arraigo familiar que posee en el país, al tener una pareja y un hijo chileno, argumento desechado por el máximo Tribunal que declaró; “(…) el arraigo que pueda tener en nuestro país el hijo del actor, no puede ser una excusa para soslayar normas específicas dispuestas en nuestro ordenamiento jurídico en aras de la protección de un bien jurídico colectivo, como lo es la seguridad de las personas”.

El acusado intentó disminuir la condena argumentando que el delito se encontraba en grado de desarrollo tentado, tesis que fue desestimada por la Corte Suprema al hacer notar que el espíritu de la Ley Nº20.931, que modificó el artículo 449 del Código Penal, no es otro que sancionar esta clase de ilícitos sin considerar el grado de desarrollo imperfecto.

La existencia del dolo o fraude la debe probar el asegurador de manera amplia, plena y satisfactoria, extremos no configurados en este proceso. Para que se configure la situación prevista en el artículo 48 de la Ley de Seguros es necesario comprobar la exageración fraudulenta del daño, es decir, dolosa y con el propósito de obtener una indemnización superior al daño realmente sufrido.

El acusado lideraba una agrupación que asaltaba a camioneros que dormían en sus máquinas estacionados en servicentros de la ruta 5 sur, en el sector de Los Ángeles.

El recurrente fue denunciado por el robo de un celular, y al acudir a su domicilio, personal de Carabineros comparó la ubicación del GPS del teléfono móvil, con aquella brindada por Gendarmería respecto de la tobillera electrónica que portaba el hechor, coincidiendo ambas posiciones, por lo que detuvieron al acusado y recuperaron la especie robada.

El sentenciado sembró el terror entre los habitantes de la ciudad, efectuando diversos robos de dinero a taxistas y choferes de la aplicación Uber. El máximo Tribunal confirmó la pena de 20 años impuesta al imputado, descartando que en el juicio se haya vulnerado el debido proceso.

El máximo Tribunal estableció que, si bien en la especie se cumplen los requisitos para proceder a la extradición pasiva del requerido, como correctamente resolvió la sentencia impugnada, antes deberá enfrentar el proceso abierto ante el Juzgado de Garantía de Pozo Almonte.

La acción se efectuó en un sector de la comuna de Lo Espejo con alta tasa de robos a conductores aprovechándose de la congestión vehicular, hecho observado por personal policial de civil, que controló la identidad del actor, quien portaba un teléfono celular robado previamente a un chofer que circulaba por el lugar, lo que es indicio suficiente para ese control.

El recurrente tuvo un año de plazo para preparar a su testigo y prever la forma en que éste prestara declaración en juicio, por lo que no procede acusar infracción al debido proceso aduciendo que la plataforma zoom no permite un correcto examen del deponente.

El silencio del imputado no se puede interpretar como aceptación de los hechos acusados, pero ello no impide a la Fiscalía utilizar el relato de la víctima y los testigos para establecer la convicción de condena en el tribunal, como ocurrió en la especie.