El máximo tribunal rechazó, por unanimidad, la solicitud de extradición activa del miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), Pablo Alberto Muñoz Hoffman. La decisión se basó en la prescripción de la acción penal relacionada con delitos cometidos en 1992, según los tratados internacionales y la legislación chilena.
Ninguna enunciación puede ser estimada como verdadera sin que exista una razón para que así sea y no de otro modo, y una razón es suficiente cuando basta por sí sola para servir de apoyo completo a lo enunciado, cuando, por consiguiente, no hace falta nada más para que el juicio sea plenamente válido.
La valoración de la prueba que hicieron los jueces del tribunal a quo, mediando, por una parte, un análisis serio del contenido de lo declarado por la víctima y por los funcionarios policiales y, por otra, la ponderación de todo el material probatorio incorporado en el juicio en que se incluye la prueba documental, pericial y los otros medios de prueba, permitió una construcción lógica de su razonamiento.
El acusado pertenecía a una banda criminal dedicada a marcar, seguir, y robar a personas que retiraban altas sumas de dinero desde sucursales bancarias ubicadas en el sector sur de la capital, concretando más de nueve atracos entre diciembre de 2020 hasta diciembre de 2021, cuando los miembros de la organización fueron detenidos. El máximo Tribunal estimó que la pena debía ser unificada, y no aplicar las reglas del concurso real como lo hicieron los jueces orales.
Si bien el tribunal aplicó la agravante lo cierto es que la pena impuesta se encuentra precisamente dentro del referido mínimum, por lo que la agravante no fue determinante en la sanción aplicable.
La retención de la víctima excedió del tiempo imprescindible para la perpetración del robo. Pese a que los acusados contaban con todos los instrumentos para desarrollar la actuación apropiatoria, retuvieron a su víctima, sin duda para lograr una consumación más fácil y carente de riesgo de denuncia policial.
El imputado denunció ser la víctima de un robo con violencia ocurrido al interior de su casa, por lo que autorizó el ingreso del personal policial al lugar, quienes al registrar el inmueble encontraron un arma de fuego sin que el actor pudiera acreditar el permiso para su tenencia.
El recurrente acusó que la policía no respetó su derecho a guardar silencio y no incriminarse, hecho que no fue incidentado en la investigación ni en el Juicio Oral, por lo que el máximo Tribunal tuvo por no preparado el recurso.
Los hechos ocurrieron en el aeropuerto de la ciudad de Märsta, donde el requerido junto a tres coimputados robaron dinero y oro a un funcionario de una empresa de transporte de valores.
Este hecho puede tener consecuencias importantes y duraderas para la víctima. Esto no sólo atañe a los sentimientos de miedo e inseguridad en la propia víctima, sino también en la sociedad en su conjunto.
El requerido, junto con cuatro coimputados, son perseguidos por la justicia de la península al ser parte de una asociación delictual especializada en robos de joyas, atracos a casas y blanqueo de capitales.
