La magistratura estimó que al estar formalizada una investigación en contra de los recurridos, y decretada en su contra la medida cautelar de desalojo, no puede prosperar la acción cautelar que persiga el mismo resultado, pues el litigio ya está en conocimiento de la justicia y se han decretado medidas tendientes a la protección de los derechos de la recurrente.
Los antecedentes aportados por el recurrente sí han sido considerados y utilizados de forma adecuada en la investigación, informa la PDI.
En la audiencia de formalización, la magistrada acogió las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía por considerarlas proporcionales y adecuadas a los fines del procedimiento. Además, al formularse solicitud de plazo de investigación, por ahora, rige el máximo legal de dos años.
Una de las principales problemáticas a las que se ve enfrentada la industria maderera y forestal es el permanente robo y hurto de madera en troza por parte de bandas y grupos delictivos altamente organizados y especializados en esta clase de delitos.
