Conforme a la presunción de inocencia que ampara al imputado y atendidas las alegaciones de la defensa, el tribunal debía efectuar un ejercicio argumentativo tendiente a explicar por qué la prueba rendida demostraba inequívocamente que en el caso concurrían todos los elementos del tipo penal de robo en lugar destinado a la habitación, lo que no ocurrió.
Las autoridades del país trasandino no acompañaron ninguna diligencia policial que situara al acusado en el lugar del robo, no bastando para imputar la autoría del delito el reconocimiento de los bienes robados que las víctimas hicieran tras ser encontrados en el lugar donde se arrestó al requerido.
La Corte Suprema redujo el castigo impuesto a un acusado de cometer robo en lugar habitado, al observar que el tribunal de base no consideró que la conducta anterior del encartado fuera irreprochable, por tener anotaciones prontuariales como adolescente, lo que contraviene las Reglas de Beijing y el artículo 59 de la Ley Nº20.084.
La entrega del requerido quedará diferida a la culminación de los procesos criminales que el encartado enfrenta en Chile, ya que enfrenta tres investigaciones por su presunta participación en delitos de robo en lugar habitado en diversos inmuebles de la capital.
El acceso a esta área expuso a los residentes a un riesgo equivalente al que habrían enfrentado si el ingreso hubiera sido a las habitaciones.
A pesar de que la jurisprudencia, de modo general, ha tendido a entender por morada la casa o el lugar de habitación o sus dependencias (idea de recinto en el que una o más personas viven, permanecen y generalmente pernoctan), no parece haber objeción alguna para extender el concepto, también, a otros lugares donde se desarrolla la vida particular.
El magistrado señaló que los antecedentes aportados por las autoridades argentinas respecto del hecho, y la presunta participación del requerido en ellos, no son suficientes para que el Ministerio Público formule acusación si estos hubieran ocurrido en Chile, en atención a la letra b) del artículo 449 del Código Procesal Penal.
El Tribunal Oral de Linares otorgó sólo dos días al letrado para preparar la defensa del acusado en un Juicio Oral ya iniciado y de carácter complejo, en el que se investigaban once hechos delictivos cometidos por una banda criminal, siendo materialmente imposible conocer en tan breve tiempo todos los antecedentes del caso para preparar una adecuada asistencia jurídica.
El recurrente alegó que durante el juicio no se registraron las declaraciones de uno de los funcionarios policiales que participó en la detención del acusado, infringiendo el debido proceso. Sin embargo, no pudo argumentar cómo este hecho puntual influyó en la decisión de condenar al encartado.
Los magistrados se negaron a realizar la audiencia de factibilidad técnica, asistiendo a la audiencia de juicio oral de forma remota, lo que vulnera las normas que regulan la correcta incorporación de la prueba, para evitar la manipulación y adulteración de su contenido.
El acusado fue observado saliendo de una casa y subiendo raudamente junto a una acompañante a un colectivo, hecho que alertó a la policía que inició un seguimiento debido a que “conocía por denuncias previas” al imputado y su presunta actividad criminal.
