La iniciativa propone endurecer las sanciones en los delitos de robo de vehículos motorizados, estableciendo la obligatoriedad de cumplir condenas en prisión durante un año sin posibilidad de acceder a penas sustitutivas, y ampliar el plazo de flagrancia a 48 horas, lo que también será a aplicable al delito de receptación.
En el fallo, el juez rechazó las excepciones de falta de legitimación pasiva opuestas por las empresas y acogió la demanda de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual, tras establecer el actuar negligente de los guardias del centro comercial Alto Las Condes, al retener a la clienta en un espacio irregular e insalubre.
El requerido junto a dos sujetos realizó el atraco de una céntrica joyería de Barcelona en diciembre de 2022, para luego retornar a Chile e intentar evadir el actuar de la justicia, no obstante, las autoridades catalanas acompañaron contundentes pruebas que dan cuenta de la participación del nacional en el robo, razón por la que será extraditado una vez finalice un proceso penal pendiente en la ciudad de Viña del Mar, donde actualmente cumple la cautelar de arresto domiciliario total.
Los acusados fueron retenidos por la seguridad municipal hasta la llegada de Carabineros, quienes al percatarse que portaban especies del robo, trasladaron a los acusados al sitio del suceso, donde testigos del atraco los reconocieron. La Corte Suprema estimó que las diligencias investigativas autónomas efectuadas por los agentes, fueron dentro del plazo de flagrancia del delito, según el artículo 129 del Código Procesal Penal.
La magistratura estimó que la empresa no adoptó las medidas de seguridad necesarias, para cumplir con su deber de resguardo respecto del vehículo del demandante, que sufrió el robo de un instrumento de medición desde su camioneta mientras el vehículo se encontraba estacionado en dependencias de la demandada.
Que la víctima persiga al delincuente no impide el reconocimiento del infortunio como accidente del trabajo en el trayecto.
En relación con la atenuante mencionada por la defensa, contemplada en el artículo 11 N° 9 del Código Penal, que se refiere a la colaboración sustancial en el esclarecimiento de los hechos, estos sentenciadores rechazarán dicha atenuante al no cumplirse con los requisitos que la hacen procedente.
Fueron condenados por delito de robo con fuerza en establecimiento abierto al público de especial gravedad, al sustraer un total de 45 botellas de la bodega del restaurante Atrio, de Cáceres, 11 de ellas valoradas en 1,6 millones de euros.
En un sorprendente giro de eventos, un audaz ladrón, «una persona no identificada» –según la sentencia– evidentemente conocedor de que Daddy Yankee viajaba con joyas de tanto valor, se presentó en la recepción del hotel a las 5:12 de la madrugada del 6 de agosto de 2018. Solicitó a la recepcionista un duplicado de las tarjetas-llave de las dos habitaciones, la 2.804 y 2.805. La empleada dio por hecho que formaba parte del grupo del cantante.
La medida adoptada, según el juez de primera instancia, de instalar la cámara de vídeo «fue idónea y necesaria. Fue adecuada a la finalidad pretendida. La cámara se instalo días previos al despido, 4 o 5 días antes de que se grabasen los hechos, por lo que no estuvo instalada por un largo periodo de tiempo. Y se colocó en una estancia en la que habitualmente no hay nadie o no permanece nadie, nada más que para depositar o retirar material».
El requerido junto a otros coimputados robaron más de 13 millones de pesos colombianos a la víctima, quien se vio forzada a acudir a un banco a retirar dinero junto con el acusado para evitar “mayores consecuencias”. El acusado se allanó a la extradición, y la entrega se hará de forma diferida, una vez que el encartado sea absuelto o cumpla una eventual condena por un delito de robo con intimidación, que actualmente lo mantiene en prisión preventiva.
