Se aprecia la existencia de vulneraciones a las garantías fundamentales que afectan a los adolescentes que se encuentran privados de libertad en el CIP San Joaquín, dada las deficiencias en las condiciones de la infraestructura del lugar y la carencia de una atención de salud mental, por profesionales del área, suficientes y oportuna.
La aplicación del artículo 141 del Código Procesal Penal a un imputado adolescente, no se hace por analogía como lo postula la defensa, sino con estricto apego a la aplicación supletoria que consagra el artículo 27 de la ley 20.084.
Al decretarse la medida cautelar de prohibición de acercamiento a la madre en términos amplios, de cumplimiento compulsivo, lo que obliga al menor, en los hechos, a abandonar el hogar que comparte con ella, se lo sitúa en una condición de desprotección y desamparo. Por ello se restringe la medida cautelar en términos que regirá únicamente para evitar que el adolescente se aproxime en términos violentos a su progenitora.
Resulta necesario contar con el antecedente pedido por el juez sobre todo para cumplir con el mandato del artículo 20 de la Ley 20.084 en relación a finalidad y naturaleza de la sanción de manera que esta resulte idónea para la reinserción social de las adolescentes y para cumplir con los objetivos que persigue esta regulación especial, refiere el voto en contra.
Lo anterior, ya que la ampliación de plazo de investigación constituye un hecho distinto y no relacionado con la medida cautelar que afecta al imputado.
La necesidad de dar la correspondiente prioridad y celeridad a las causas que tratan de imputados adolescentes no se respeta si se extiende la audiencia de revisión de internación provisoria por la razón de que otro coimputado, también adolescente, tenía fijada una audiencia para esa fecha.
El recurso de amparo no es la vía idónea para atacar la legalidad de una resolución judicial dictada en el marco de un proceso penal, público, transparente, objetivo y con una doble instancia para estos efectos.
El quejoso pretendía que se le otorgara la pena sustitutiva de libertad vigilada, argumentando que el tribunal consideró condenas previas como adolescente para agravar su castigo, en circunstancias que, ponderados los antecedentes por la magistratura, el acusado tenía un amplio prontuario como adulto – y no sólo como adolescente, por lo que se le podía considerar reincidente.
La Corte Suprema redujo el castigo impuesto a un acusado de cometer robo en lugar habitado, al observar que el tribunal de base no consideró que la conducta anterior del encartado fuera irreprochable, por tener anotaciones prontuariales como adolescente, lo que contraviene las Reglas de Beijing y el artículo 59 de la Ley Nº20.084.
El actuar del tribunal vulnera los derechos fundamentales establecidos en la Constitución, los Tratados Internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, especialmente la Convención de los Derechos del Niño y los principios inspiradores de la Ley N°20.084.
Se ha evidenciado que se ha afectado la libertad personal y seguridad individual del amparado, por lo que el traslado del condenado en la forma en que ha sido dispuesta importa un desarraigo y la afectación de sus derechos.
