El quejoso pretendía que se le otorgara la pena sustitutiva de libertad vigilada, argumentando que el tribunal consideró condenas previas como adolescente para agravar su castigo, en circunstancias que, ponderados los antecedentes por la magistratura, el acusado tenía un amplio prontuario como adulto – y no sólo como adolescente, por lo que se le podía considerar reincidente.

La Corte Suprema redujo el castigo impuesto a un acusado de cometer robo en lugar habitado, al observar que el tribunal de base no consideró que la conducta anterior del encartado fuera irreprochable, por tener anotaciones prontuariales como adolescente, lo que contraviene las Reglas de Beijing y el artículo 59 de la Ley Nº20.084.

El actuar del tribunal vulnera los derechos fundamentales establecidos en la Constitución, los Tratados Internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, especialmente la Convención de los Derechos del Niño y los principios inspiradores de la Ley N°20.084.

Se ha evidenciado que se ha afectado la libertad personal y seguridad individual del amparado, por lo que el traslado del condenado en la forma en que ha sido dispuesta importa un desarraigo y la afectación de sus derechos.

En el caso de que los fiscales y defensores fueren designados como especializados ejercerán dichas funciones en forma exclusiva mientras conserven dicha calidad.

Solo una vez transcurrido dicho término queda limitado para pedirlo por una sola vez y hasta por dos meses.

La decisión del tribunal recurrido se basó en la solicitud realizada por el Centro Cerrado de Limache y el Informe Técnico del mismo centro.

El 42% de los imputados registró algún tipo de medida privativa de libertad al alero de SENAME u otra institución colaboradora.

El artículo 52 de la Ley N°20.084 establece que, si el adolescente no diere cumplimiento a alguna de las sanciones impuestas en dicha ley, el tribunal encargado del control de la ejecución podrá sancionar el quebrantamiento de la libertad asistida especial por internación en régimen semi cerrado con programa de reinserción social.

La actuación del Tribunal de anular de oficio la resolución que rechazó formalizar al adolescente por un delito distinto al que motiva el control de detención, no sólo es contraria a sus propios actos, sino que deja en la indefensión a la defensa.