El actuar del tribunal vulnera los derechos fundamentales establecidos en la Constitución, los Tratados Internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, especialmente la Convención de los Derechos del Niño y los principios inspiradores de la Ley N°20.084.

Se ha evidenciado que se ha afectado la libertad personal y seguridad individual del amparado, por lo que el traslado del condenado en la forma en que ha sido dispuesta importa un desarraigo y la afectación de sus derechos.

En el caso de que los fiscales y defensores fueren designados como especializados ejercerán dichas funciones en forma exclusiva mientras conserven dicha calidad.

Solo una vez transcurrido dicho término queda limitado para pedirlo por una sola vez y hasta por dos meses.

La decisión del tribunal recurrido se basó en la solicitud realizada por el Centro Cerrado de Limache y el Informe Técnico del mismo centro.

El 42% de los imputados registró algún tipo de medida privativa de libertad al alero de SENAME u otra institución colaboradora.

El artículo 52 de la Ley N°20.084 establece que, si el adolescente no diere cumplimiento a alguna de las sanciones impuestas en dicha ley, el tribunal encargado del control de la ejecución podrá sancionar el quebrantamiento de la libertad asistida especial por internación en régimen semi cerrado con programa de reinserción social.

La actuación del Tribunal de anular de oficio la resolución que rechazó formalizar al adolescente por un delito distinto al que motiva el control de detención, no sólo es contraria a sus propios actos, sino que deja en la indefensión a la defensa.

Los jueces de alzada actuaron con falta o abuso grave al revocar la pena alternativa de libertad vigilada intensiva y disponer el cumplimiento efectivo de la pena, en atención a las condenas anteriores que el acusado mantenía como adolescente, infringiendo con ello las Reglas de Beijing, y desconociendo el sistema diferenciado de sanciones entre adolescentes y adultos.

Impedir a la Fiscalía la obtención de las pericias, como se pretende utilizando este recurso, equivale a privar ilegalmente de la prueba de cargo al Ministerio Público, fuera de las hipótesis previstas en el artículo 277 del Código Procesal Penal, informa el recurrido.