Con independencia de las molestias que, indiscutiblemente, generan este tipo de actividades en las viviendas próximas durante su celebración, no se ha acreditado realmente cuál es el efecto concreto que ha causado en los recurrentes su integridad física y moral más allá, repito, de la lógica incomodidad que causa la música y el ruido existente en la calle. No consta ningún informe médico que avale su repercusión.
En su libelo señalan que los derechos fundamentales de los residentes, como el derecho a la integridad psíquica y a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, se ven afectados por esta situación, requiriendo en forma urgente una solución efectiva.
En el caso concreto ha quedado acreditado el riesgo de afectación grave de la salud de las personas por un nivel de ruidos más elevado de lo tolerable y la, al menos, posible lesión de los bienes jurídicamente protegidos -derecho a la integridad física y moral y a la intimidad personal o familiar- que trata de defender el tipo penal de referencia.
Aun cuando el asunto se ventila ante en el Juzgado de Policía Local de la comuna y se han estado realizando mejoras en cuanto a disminuir los ruidos que son considerados molestos por los vecinos, debe acogerse la acción para verificar que el nivel de ruido proveniente de la Iglesia en cuestión respete los límites que al efecto establece la Ordenanza Municipal respectiva.
Los recurrentes denuncian que la empresa no ha adoptado las medidas suficientes para reducir la contaminación acústica, producida por quienes arriendan las canchas para practicar el deporte, por lo que el máximo Tribunal, ordenó a la recurrida tomar las acciones pertinentes para disminuir los ruidos molestos.
De los antecedentes expuestos, queda en evidencia una violación de la normativa relacionada con los niveles de ruido permitidos que afectan la calidad de vida de los recurrentes.
Los conflictos de esta naturaleza entre vecinos y que han sido denunciados ante la policía, deben continuar en la justicia ordinaria, en un procedimiento declarativo y de lato conocimiento, y no mediante la vía cautelar que es para la vulneración de derechos indubitados que requieran una rápida respuesta de la magistratura.
En actividades de fiscalización se constató la superación de los decibeles permitidos por la norma de referencia para el horario diurno. El titular -Hotelera Mirador del Cerro Ltda.- arriesga una multa de hasta 5 mil UTA, equivalentes a más de $3.800 millones.
No consta en autos que la propietaria adoptase comportamiento alguno ante las quejas de sus vecinos sobre el comportamiento de su hijo.
Se vulnera la integridad física de los vecinos al exponerlos a accidentes producidos ya sea por accidentes de un helicóptero al despegar, sobrevolar o aterrizar, o bien por accidentes relacionados con el almacenamiento de combustible.
La Octava Sala del tribunal de alzada estableció que el helipuerto no cuenta con las autorizaciones para su operación, afecta la salud física y síquica de los vecinos y el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación, amén de no ajustarse al uso de suelo de la comuna.
