Los demandantes no aportaron pruebas de que existiera un riesgo real de ser condenados a cadena perpetua sin libertad condicional si eran extraditados a los Estados Unidos. Los cargos de los solicitantes estarían relacionados principalmente con el tráfico de drogas, delitos por los cuales menos del 2% de las condenas en el Distrito Este de Texas fueron de cadena perpetua.

El Derecho de la Unión no obliga a los Estados miembros a expedir a sus nacionales dos documentos con valor de documentos de viaje. Sin embargo, no les permite tratar de manera menos favorable a aquellos que han ejercido su derecho de libre circulación y residencia dentro de la Unión, sin que medie una justificación basada en consideraciones objetivas de interés general.

Si bien el Reglamento relativo a la ICE no preveía expresamente la posibilidad de que la Comisión registrara parcialmente la propuesta, ese Reglamento pretende fomentar la participación de los ciudadanos en la vida democrática de la Unión y hacer que la Unión sea más accesible, de modo que la Comisión está obligada a facilitar su acceso.

No se demostró suficientemente la existencia de un atentado a la dignidad y al honor de la profesión de juez. En sus decisiones, los tribunales nacionales no otorgaron a la libertad de expresión del demandante el peso y la importancia que tal libertad merecía a la luz de la jurisprudencia del TEDH.

Cuando un ascendiente directo está a cargo de un trabajador ciudadano de la Unión es beneficiario indirecto de la igualdad de trato concedida a dicho trabajador. Si no se concediera a ese ascendiente directo una prestación de asistencia social, que constituye para el trabajador migrante una «ventaja social», se vulneraría la igualdad de trato.

Cuando los servicios consistentes en sesiones interactivas filmadas y difundidas en tiempo real por Internet (por ejemplo, un videochat) sean prestados por un sujeto pasivo que es propietario del contenido digital a un cliente final, a saber, un espectador, en circunstancias en que ese contenido ha sido suministrado a ese sujeto pasivo por otro sujeto pasivo, el suministro del contenido digital por este último no consiste en dar acceso a una manifestación recreativa.

La falta de adopción y publicación por parte del Gobierno de la metodología necesaria para conceder la indemnización a la que tenían derecho las asociaciones demandantes podría considerarse como una injerencia en el ejercicio efectivo del derecho protegido por el artículo 1 del Protocolo 1 en términos de una falta de garantizar el ejercicio de ese derecho.

El incumplimiento de la obligación de establecer sanciones penales efectivas para proteger los intereses financieros de la UE infringe su legislación. Los Estados miembros están obligados en virtud de la legislación de la UE a luchar contra el fraude y cualquier otra actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la UE mediante medidas disuasorias.

Él y su hermano están acusados de conformar una organización criminal que obligaba a mujeres a ejercer el comercio sexual y producir material pornográfico en territorio rumano. Según el fiscal del caso, engañaron y coaccionaron a sus víctimas, muchas de ellas menores de edad. En la actualidad se encuentran bajo arresto domiciliario.

Si bien la organización de la administración de justicia es competencia de los Estados miembros, el ejercicio de esta facultad debe respetar el derecho de la Unión Europea. Por ello, el régimen disciplinario aplicable a los jueces que puede tener que aplicar este derecho debe presentar las garantías necesarias para evitar cualquier riesgo de que dicho régimen se utilice como instrumento de control político de sus actividades.