Durante el período cubierto por el informe, se registraron al menos 436 muertes de civiles y 1.760 heridos, en su mayoría debido al uso de armas explosivas en áreas pobladas. Asimismo, el informe señala que las autoridades rusas en los territorios ocupados han impuesto la ciudadanía rusa a los residentes, restringiendo el acceso a servicios médicos a aquellos sin pasaporte ruso.

En primer lugar, el informe destaca la ausencia de una base jurídica que justifique la privación de la libertad de Gershkovich a través de su arresto y detención prolongada. Según el grupo, esta falta de fundamento legal constituye una violación de sus derechos fundamentales.

El procesamiento y condena de los «presos políticos ucranianos» a los que se refiere Ucrania tenía un motivo oculto: castigar y silenciar cualquier oposición política. De hecho, el caso de los “presos políticos ucranianos” fue emblemático de un patrón de procesamientos en represalia y abuso del derecho penal y de una represión general contra la oposición a las políticas rusas en Crimea.

La negativa a permitir a los solicitantes el acceso a información de archivo sobre la represión soviética, o negarles el derecho a hacer copias o tomar fotografías de dicha información de archivo, supone una interferencia en el derecho a recibir información, prevista en el artículo 10. La búsqueda de la verdad histórica es parte integral de la libertad de expresión.

Las disposiciones legales relativas a las “organizaciones indeseables” no están formuladas con suficiente precisión para permitir a las organizaciones solicitantes prever que sus acciones, normalmente legales, darían lugar a su clasificación como “indeseables” y a la prohibición de sus actividades en Rusia.

Su promulgación coincidió con la reunión de los ministros de finanzas del G7 en Stresa, Italia, donde se discutieron las posibles aplicaciones para los 300.000 millones de dólares en activos rusos congelados. Estados Unidos ha propuesto utilizar estos fondos para apoyar financieramente el esfuerzo bélico de Ucrania.

Las autoridades no tomaron medida alguna para evaluar las amenazas y el riesgo que representaban para la vida de los solicitantes y no consideraron medidas para evitar que tal riesgo se materializara. Las quejas de los demandantes por la falta de investigación sobre las amenazas fueron ignoradas. Además, el relato de la mujer sobre su traslado forzoso a Chechenia había sido creíble.

La publicación de fotografías que mostraban la intimidad de sus parejas mientras viajaba o en fiestas era un elemento básico de las redes sociales. La reacción hostil de su empleador ante el hecho de que lo hiciera se debió a la falta de aceptación de su sexualidad.

La decisión de imponer la prohibición se basó en datos objetivos y motivados, es decir, en las declaraciones y el comportamiento del demandante, no en suposiciones. De hecho, como señalaron las autoridades de inmigración y los tribunales nacionales, este no había negado el hecho de que apoyaba las acciones de la Federación Rusa en la península de Crimea.

Los incidentes no fueron aislados y fueron suficientemente numerosos e interconectados como para constituir un patrón o sistema (“práctica administrativa”). El Gobierno ruso no argumentó, y mucho menos fundamentó, que los incidentes que implicaron asesinatos, malos tratos, arrestos y detenciones a gran escala no habían tenido lugar.