La demanda, elaborada por la Unidad de Medio Ambiente del Consejo, sostiene que las actividades mineras desarrolladas ininterrumpidamente desde 1997, especialmente bajo el actual método de explotación a rajo abierto, completamente mecanizado, son responsables materiales de la destrucción y alteración de componentes esenciales del salar, la pérdida de servicios ecosistémicos, la pérdida de hábitat y la afectación a su biodiversidad.